México D.F., 25 de mayo de 2011
*Debilidad institucional y corrupción en las instancias encargadas de ejecutar la política migratoria en México.
*Violación sistemática de derechos humanos de la población migrante
*La recién promulgada Ley de Migración no brinda mayores garantías a los migrantes en tránsito
* México requiere una política migratoria con perspectiva de derechos humanos y acorde a la normativa internacional
Hoy nos encontramos frente a una crisis institucional sin precedentes y cada día más ostensible del Instituto Nacional de Migración (INM); vemos como se desmorona ante las reiteradas denuncias y revelaciones de la población migrante, de las organizaciones defensoras de sus derechos humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por ello, México necesita una política migratoria integral para asegurar la protección de quienes transitan, regresan o salen del país y garantizar sus derechos humanos. No obstante, diversos artículos de la nueva Ley de Migración atentan contra los artículos 1°, 11°, 16°, 17° y 21° de la Carta Magna que hacen referencia a la no discriminación, igualdad, libertad de tránsito, no molestia y acceso a la justicia.
Continúa vinculando a la migración con el tema de la seguridad nacional; persiste la participación de la Secretaría de Seguridad Pública en acciones de control y verificación migratoria; no desaparece la realización de operativos y verificaciones domiciliarias sin orden judicial; los tiempos de detención de las personas migrantes se ampliaron y continúa su discrecionalidad; las visas para migrantes de tránsito no cambian de fondo lo que ya existía en la Ley General de Población.
Asimismo, la debilidad de las instituciones tampoco puede, ni debe responderse con el uso de las fuerzas armadas como pretende hacerlo, de acuerdo con el anuncio del gobierno de Veracruz, y el Secretario de Gobernación, al proponer la construcción de una base migratoria militar en el municipio de Acayucán. Este es un paso más hacia la militarización del país. Poner a las personas migrantes en un centro de detención militar es una grave violación a los derechos humanos, extralimita por mucho el mandato de las fuerzas armadas y significa, en la práctica un estado de excepción y la suspensión de garantías.
No es con más militares que se va a proteger a los y las migrantes, sino con políticas públicas efectivas. Para garantizar que las y los migrantes no sean objeto de abusos, ni sujetos de explotación por parte de bandas criminales y funcionarios corruptos, debe analizarse a profundidad y sobre bases sanas, claras e institucionales la situación del INM, desde la adopción de un sistema o carrera de formación institucional, donde se reformen los procesos internos del INM en el terreno operativo, y se incorporen protocolos y manuales basados en estándares internacionales de respeto de derechos humanos y la profesionalización y evaluación del personal que lo integrará.
Si lo que se pretende es que México cuente con una Política Integral es importante que para su elaboración se garantice la máxima participación y concertación social e institucional, no sólo por atender un principio fundamental de la democracia, sino también porque solo así las políticas adoptadas podrán ser eficaces y contribuir a una sociedad cohesionada en la que la igualdad sea una realidad.
Igualmente, se deben cumplir las recomendaciones que en la materia se han hecho a México por diversos mecanismos internacionales y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluyendo la 23/2011 emitida el pasado mes de abril de 2011.
Por tanto, queremos reiterar que las organizaciones de la sociedad civil continuaremos trabajando en cuatro ejes:
Exigir las reformas a la Ley de Migración - a partir de los análisis realizados y comentarios ya presentados. Promover la convocatoria y participar en las mesas de trabajo que la Cámara de Diputados prometió al aprobar la ley, reconociendo ellos mismos en el dictamen presentado que hay faltantes y/o vacíos en la Ley que deben resolverse.
Llevar a cabo litigio estratégico de casos relacionados a la aplicación de la Ley de Migración en los que se violen los derechos humanos de las personas migrantes, poniendo énfasis en aquellos artículos que son inconstitucionales. Lo anterior, con el propósito de promover un pronunciamiento de parte del Poder Judicial, a través de sus sentencias y resoluciones de los casos.
Trabajar de manera conjunta en la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración, reconociendo que es indispensable que éste sea claro para garantizar la operatividad de la Ley, reducir los márgenes de discrecionalidad y proteger efectivamente los derechos de las personas migrantes. El Reglamento debe elaborase mediante un proceso incluyente de discusión donde diversos sectores y actores sociales involucrados en el tema puedan participar de las decisiones.
la presentación de la iniciativa de ley sobre derechos y protección de los mexicanos en el extranjero, como parte sustantiva de una auténtica política migratoria integral
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