miércoles, 16 de noviembre de 2011

MADRES CENTROAMERICANAS

APOYO A LA CARAVANA DE MADRES CENTRAMERICANAS QUE PIDE FIN A LA IMPUNIDAD EN MÉXICO Y

QUE LOS COMPROMISOS SE TRADUZCAN EN RESULTADOS


El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria expresamos:

Que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia de las 33 madres centroamericanas que recorrieron México buscando a sus hijos desaparecidos y pidiendo fin a la impunidad de los crímenes y abusos que atentan contra los derechos y la integridad de miles de migrantes que cada año cruzan el país para llegar a Estados Unidos, no quede en el olvido.

El Estado mexicano está en deuda con las personas migrantes en tránsito. A pesar de los adelantos de la nueva Ley de Migración y de los esfuerzos de depuración de las instituciones responsables de la gestión migratoria, no se ven avances concretos y las desapariciones, secuestros, maltratos y extorsiones continúan sin el necesario acceso a la justicia y al resarcimiento para las familias de las víctimas.

“Es lamentable que estados como Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Coahuila y San Luis Potosí sigan siendo panteones para migrantes, en donde los violan, asesinan y vulneran sus derechos humanos. El censo general de toda Latinoamérica en los últimos cinco años, indica que son 60 mil los migrantes desaparecidos por el paso en tránsito por México hacia Estados Unidos, tomando en cuenta que CNDH habla de unos 20 mil secuestros al año, cifra que es insuficiente, porque existen fosas clandestinas”, señala Martha Sánchez, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano.

Estas madres, que se movilizan desde el dolor más profundo que significa que les hayan arrancado un familiar y negado el derecho a la justicia, se fueron con la esperanza de que México asuma su responsabilidad y su compromiso de iniciar de inmediato los trabajos de búsqueda y recopilación de información. Piden al Estado mexicano se generen las bases de datos necesarias de ADN para poder identificar a las personas migrantes desaparecidas y hacer efectivo su acceso a la justicia.

El gobierno mexicano debe asumir su responsabilidad de prevenir, proteger y resarcir el daño sufrido por estas madres y otras personas ofendidas por los agravios que sufren las personas migrantes en su paso por México. Debe esforzarse por que las madres encuentren a sus desaparecidos, un derecho fundamental, e investigar estos casos al igual que lo ha hecho en los casos de grandes empresarios y figuras públicas como son los de Wallace y Sicilia. Además, debe trabajar para modificar la circunstancia escandalosamente trágica de inseguridad extrema de las personas migrantes en tránsito por México.

La desaparición, secuestro y muerte de migrantes se ha agravado terriblemente. Tragedias como la matanza del 23 de agosto de 2010 de 72 mujeres y hombres migrantes en la localidad de San Fernando, Tamaulipas, y otras tantas que han pasado desapercibidas, deben ser motivo suficiente para que el gobierno desarrolle herramientas de investigación adecuadas y ponga en práctica una buena coordinación con los gobiernos estatales para eficientar los procesos de procuración de justicia, particularmente de investigación y de identificación y registro de los restos de personas no identificadas.

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