XE, BLACKWATER, INICIATIVA MÉRIDA DE COMBATE AL NARCOTRÁFICO

Washington.- Desde que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, se han duplicado el número de firmas extranjeras de seguridad privada, muchas de las cuales entrenan a las fuerzas federales en tareas de contrainsurgencia, afirma el diario The Washington Post .
El diario estadunidense publicó que una de esas firmas es MPRI, que asesora a militares mexicanos en esas técnicas.
Desde que Estados Unidos puso fin a la guerra en Irak, los contratistas estadunidenses en seguridad enfocaron su mirada hacia México, devastado por una guerra emprendida por la administración calderonista en contra del narcotráfico y el crimen organizado, que han dejado una estela de más de 50 mil muertos.
The Washington Post describe cómo dichos contratistas --que obtuvieron jugosas ganancias en Medio Oriente y Asia Central--, quieren incursionar en el mercado mexicano con un enfoque muy diferente al que existe en el país en materia de portación de armas.
La creciente demanda de profesionales en materia de seguridad, explica el diario, producto de la ola de violencia en México, permitió que un creciente número de exmilitares y militares en funciones en Estados Unidos esté entrenando a las fuerzas federales mexicanas en tareas de contrainsurgencia, vigilancia electrónica y otras técnicas.
Aunque no proporciona cifras, el periódico hace notar que los pagos de estos profesionales salen de la ayuda que Estados Unidos envía a México a través de la Iniciativa Mérida, aunque a otros contratistas les paga el gobierno mexicano.
La mayoría de estas empresas se limitan a brindar asesoría como consultores y entrenadores técnicos para las fuerzas de seguridad mexicanas, o como asesores de seguridad de poderosos empresarios.
Así, revela que la contratista DynCorp International, especializada en operaciones por aire y satelitales, fuerza terrestre y naval, cuenta con vacantes en México para instructores de aviación y mecánicos; Kroll está buscando especialistas antisecuestros para proteger a empresarios mexicanos; y la compañía MPRI entrena a soldados mexicanos en técnicas de contrainsurgencia.
Estas compañías se ven motivadas por las grandes sumas de dinero que el gobierno de Estados Unidos dedica a los contratistas alrededor del mundo. Por ejemplo, en noviembre pasado el programa de antinarcoterrorismo del Pentágono solicitó 3 mil millones de dólares en contratos a nivel mundial, con una cantidad aún no especificada para México.
Por su parte, el Departamento de Estado ha prometido unos dos mil millones de dólares en ayuda para México a través de la Iniciativa Mérida, y el Post prevé que gran parte de ese dinero vaya para compañías estadunidenses que pueden proveer de equipo y servicios al gobierno mexicano.

AMNISTIA INTERNACIONAL..

Amnistía Internacional te invita a continuar trabajando por los derechos humanos de las y los migrantes centroamericanos que año con año ingresan a México con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos y alcanzar una mejor calidad de vida; y que, sin embargo, cada año ven vulnerados sus derechos humanos, sin que las autoridades federales y estatales mexicanas hayan podido garantizar la prevención, detección, investigación, sanción y reparación efectivas de los abusos contra migrantes de forma inmediata y efectiva.

Se parte del cambio y únete a nuestra campaña internacional para proteger a las y los migrantes centroamericanos, la cual será lanzada durante la demostración que realizaremos el jueves 26 de enero a las 19:00 horas, en el camellón de Paseo de la Reforma frente al edificio de la Secretaría de Gobernación (a un costado del hotel Sevilla Palace). (ver mapa)

Tu participación y apoyo son muy importantes.

En solidad,

El equipo de Amnistía Internacional México

EXHORTO A SRE

HONORABLE ASAMBLEA:


A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del INM un informe del desalojo de los refugiados guatemaltecos en Tenosique, Tabasco, suscrita por el senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD.


Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.


Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:


DICTAMEN


ANTECEDENTES

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.






CONSIDERACIONES


I. El autor de la Proposición que se dictamina, manifiesta sustancialmente que desde 1999 las 68 familias guatemaltecas que ahora viven fuera de su país, en tierras tabasqueñas, habitaban en la zona selvática de El Petén, declarada reserva ecológica por autoridades de Guatemala. Ahí en la selva las familias sobrevivían de lo que obtenían por sus cultivos y del cuidado de sus aves de corral.


Que el 23 de agosto de 2011, la comunidad Nueva Esperanza fue obligada a abandonar sus tierras por miembros del ejército guatemalteco y la policía nacional. Durante el desalojo, las casas, la escuela y la iglesia de la comunidad fueron incendiadas. A consecuencia, los 300 habitantes, entre los que se encuentran más de un centenar de niños y niñas y varias mujeres embarazadas, buscaron refugio al otro lado de la frontera con México, en la comunidad de Nuevo Progreso, estado de Tabasco.


Que el día 9 de enero a las 5 de la mañana, se realizó un operativo en la franja fronteriza aledaña al Ejido de Nuevo Progreso, en Tenosique, Tabasco, donde fueron desalojados de manera violenta y sorpresiva 36 familias guatemaltecas –alrededor de 260 personas, entre ellos 115 menores de edad– mismas que se refugiaban en dicha comunidad, donde se instalaron hace cuatro meses al ser desplazados por militares de su país. En este operativo participaron unos 300 elementos de la Policía Federal, ministerios públicos de la Federación y policías municipales; algunos vestidos de civil y al mando de estas autoridades se encontraba una persona que se ostentó como el subdelegado regional del Instituto Nacional de Migración.


Que según los datos recabados, 71 personas fueron subidas a cuatro autobuses y al parecer conducidos rumbo a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas.


Que ante el operativo, diversas organizaciones como el Centro Prodh y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, acusaron a las autoridades mexicanas de violar las garantías de los desplazados, y que incurrieron en tratos crueles e inhumanos, por lo que demandaron de manera urgente evitar repatriaciones y operativos de este tipo, garantizar la seguridad y el trato digno de los desplazados y detenidos así como presentar a las personas cuyo paradero se desconoce.

Señala el proponente que la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración “han declarado que el desalojo fue un rescate humanitario”, y que “las declaraciones contradicen lo dado a conocer por el cónsul de Guatemala en Tapachula, Francisco Armando Moreno Cordón, quien ha declarado que la situación migratoria de los 70 chapines que se encontraban en la propiedad ejidal en Nuevo Progreso, municipio de Tenosique, Tabasco; contaban con documentos que les permitían su legal estancia en México”. “

Continúa señalando que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga el desalojo realizado contra refugiados guatemaltecos que permanecían en Tenosique, Tabasco, para verificar que sus derechos humanos hayan sido respetados durante el operativo.

Por lo que formula los siguientes:

“Puntos de Acuerdo


Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Instituto Nacional de Migración un informe detallado del desalojo de refugiados guatemaltecos, realizado el pasado 9 de enero de 2012, en el ejido Tenosique, Tabasco, por el que existen denuncias de violación de derechos humanos y diversas disposiciones de la Ley de Migración.


Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Defensa Nacional, investigar las denuncias de incursión de fuerzas armadas guatemaltecas u otra organización paramilitar a territorio nacional en la zona limítrofe con la República de Guatemala para cometer actos de hostigamiento contra los refugiados guatemaltecos.


Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a fin de que gire de manera inmediata instrucciones a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, licenciada Patricia Espinoza, a fin de establecer por la vía diplomática un acercamiento con el gobierno de la República de Guatemala que genere condiciones bilaterales para la atención de los refugiados, con pleno respeto a sus derechos humanos.


Cuarto. Se solicita al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el ámbito de sus facultades y en pleno respeto de su autonomía, un informe del desalojo en Tenosique, Tabasco, a fin de determinar la existencia de violación de derechos humanos por funcionarios públicos del orden federal y/o estatal en dicho operativo.”

III. La Comisión Dictaminadora coincide sustancialmente con el autor de la proposición que se dictamina, toda vez que dicha proposición tiene por objeto referirse al tema de la protección de los derechos humanos y la seguridad de los migrantes extranjeros que transitan o se encuentran en territorio mexicano, así como sobre los hechos ocurridos la madrugada del 9 de enero de 2011, durante el desalojo de familias de refugiados guatemaltecos, encabezado por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), policías federales y municipales.

Al respecto, esta Comisión Dictaminadora toma en cuenta que en su reunión del 17 de enero de 2012, fueron discutidas dos Proposiciones con Punto de Acuerdo: por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de los titulares de la SEGOB y de la SSP a fin de que rindan un informe puntual sobre el desalojo de 36 familias guatemaltecas, entre ellos 15 menores de edad, que se encontraban en calidad de desplazados en Nuevo Progreso, de Tenosique, Tabasco, suscrita por el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI; y por el que se solicita la intervención del titular del Ejecutivo federal con la del presidente de Guatemala para determinar las acciones conducentes a remediar la situación de las 90 familias de refugiados desalojadas la madrugada del 9 de enero en Tenosique, Tabasco, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI, mismas que fueron aprobadas y discutidas por la Comisión Permanente en su sesión del día 18 de enero de 2012.

En este mismo sentido, la Comisión Dictaminadora toma en cuenta que en la sesión de la Comisión Permanente del 18 de enero de 2012, se aprobaron los siguientes Puntos de Acuerdo:


“PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, en el ámbito de colaboración entre los poderes, al titular del Ejecutivo Federal, para que instruya a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a emprender las negociaciones y diligencias con el gobierno guatemalteco, a fin de definir las acciones que correspondan para solucionar la problemática de las familias guatemaltecas que se encontraban en el municipio de Tenosique, Tabasco.


SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Secretaría de Gobernación y del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, rindan en un plazo que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de la notificación del presente punto de acuerdo, un informe puntual y detallado sobre las medidas administrativas y acciones implementadas que han emprendido para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y garantías, y la debida protección y seguridad personal de los migrantes guatemaltecos que temporalmente se internaron en territorio mexicano; y respecto a su desalojo del lunes 9 de enero de 2012 del campamento en Tenosique, Tabasco.


TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a ejercer su facultad de investigación sobre las posibles violaciones graves de derechos humanos en el caso de las familias guatemaltecas que fueron desalojadas de su refugio en Tenosique, Tabasco, el pasado 9 de enero del presente año, por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), policías federales y municipales.”


Por lo que los integrantes de la Comisión Dictaminadora, en un ejercicio de congruencia y seguimiento con los resolutivos antes referidos, consideran procedente dar por atendido la proposición que se dictamina.


Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:


PUNTO DE ACUERDO


PRIMERO.- Se considera atendida la Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Instituto Nacional de Migración un informe del desalojo de los refugiados guatemaltecos en Tenosique, Tabasco, presentada por senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.


SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2012.
LA PRIMERA COMISIÓN




DIP. CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ

Presidente



SECRETARIOS




DIP. AGUSTÍN CASTILLA MARROQUÍN SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI DIP. MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ







INTEGRANTES:



DIP. ALFONSO NAVARRETE PRIDA DIP. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ
DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN SEN. JESÚS MURILLO KARAM
DIP. DORA EVELYN TRIGUERAS DURÓN SEN. ALEJANDRO GONZÁLEZ ALCOCER
SEN. RAMÓN GALINDO NORIEGA SEN. JULIO CÉSAR AGUIRRE MÉNDEZ
DIP. ÓSCAR GONZÁLEZ YÁÑEZ

DE PML A SRE

Guerra fría o sucia



Autor: porfirio_munoz_ledo






Insólita la ausencia el jueves por la noche, durante la sobria
celebración del 53 aniversario de la Revolución Cubana, de
funcionarios del gobierno federal —ni un oficial de protocolo—. Hubo
en cambio una nutrida concurrencia del cuerpo diplomático y de
personalidades mexicanas solidarias. Me tocó ser el único
representante del Estado mexicano en la ceremonia, como presidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Ha
sido recurrente la escasa atención que presta el gobierno a los actos
organizados por las embajadas, pero ahora se añade una selectividad
determinada por el paladar panista de las dos últimas
administraciones, inducidas por la Cancillería en el sexenio pasado y
ahora sólo con su complicidad. Habida cuenta de la trascendencia de
nuestras relaciones con Cuba, me parece un error de envergadura. Al
tiempo que se cacarea una apertura estratégica hacia la región
Asia-Pacífico me parece también
significativo el silencio de la Cancillería en el deceso del
dirigente norcoreano Kim Jong-il, a pesar de que mantenemos relaciones
diplomáticas regulares con ese régimen y de que nos hayamos sumado al
minuto de silencio que le tributó la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Se olvidó que apenas el 14 de abril de 2008 el gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Democrática
Popular de Corea celebraron un Convenio de Cooperación Educativa y
Cultural con el propósito de “profundizar el conocimiento mutuo entre
ambas partes” que incluye la participación de organizaciones no
gubernamentales. Tal incongruencia hace pensar en que la operación
emprendida hacia el Pacífico (Arco Pacífico Latinoamericano) es una
prolongación de estrategia norteamericana para establecer un
contrapeso al poderío de la República Popular China. No otra cosa
sugiere la opción arbitraria de los participantes por América
Latina: México, Colombia, Perú y Chile, con exclusión de Guatemala,
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y el Ecuador. No existe
una Doctrina Estrada de las condolencias; esto es, que sin necesidad
de pronunciarnos sobre el reconocimiento de los gobiernos les demos
trato diferencial por conveniencias circunstanciales o por un juicio
implícito sobre sus sistemas políticos o su comportamiento
internacional. Se omite que mantenemos relaciones cordiales con otros
Estados socialistas, con algunos imperialistas y hasta con un Estado
teocrático: el Vaticano. Nos obligan en política exterior, según el
artículo 89 constitucional, principios fundamentales como la igualdad
jurídica de los Estados, la autodeterminación de los pueblos y la
solución pacífica de las controversias, independientemente de nuestros
votos en los organismos multilaterales. De otro modo cometeríamos
groserías diplomáticas con Estados Unidos por sus continuas
agresiones a otros Estados —sin olvidar el inicio de la guerra fría
con la bárbara intervención en Corea, acompañada de amenaza nuclear.
No tenemos ninguna controversia con Corea del Norte y abogamos por una
convivencia pacífica y cooperativa en la península. Para ello es
menester reforzar y equilibrar nuestras relaciones con los países
involucrados. En esa lógica habría que contemplar el gesto del Partido
del Trabajo al enviar la condolencia a un partido cercano, que
sospechosamente ha sido deformada y vilipendiada en una orquestación
de “líderes de opinión” de toda laya y actores políticos interesados.
Con falsas razones y desmedrados argumentos la crítica se ha hecho
extensiva a los legisladores del grupo parlamentario, a la Coalición
progresista y a su dirigente, Andrés Manuel López Obrador. Como sobre
un clavo ardiendo montan una campaña de descrédito a partir de una
condolencia cuyo tono obedece a una relación
interpartidaria y cuya oportunidad vino a suplir la omisión del
gobierno. Réplica frustrada de la analogía con Hugo Chávez del 2006.
Incurren en la falacia de atribuirnos un programa ficticio de gobierno
fundado en “un Estado rector de la economía y la sociedad”, partidario
de un “nacionalismo defensivo asociado a soberanías en desuso”. Los
deturpadores, que tampoco leen, vienen a homologarse así en la corte
de su candidato. A ellos los acogerá no obstante la república amorosa.
Diputado federal por el PT

PUNTO DE ACUERDO

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob que respete los compromisos para elaborar el Reglamento de la Ley de Migración con la participación del Congreso de la Unión y la sociedad civil, a cargo del senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD



El suscrito, Julio César Aguirre Méndez, senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición por el que la honorable Comisión Permanente solicita al titular de la Secretaría de Gobernación respetar los compromisos para la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración con la participación del Congreso de la Unión y sociedad civil con base en los siguientes

Antecedentes



Antes del asesinato de 72 migrantes latinoamericanos en 2010, la credibilidad de México en la atención del fenómeno migratorio era seriamente cuestionada desde las voces del interior de nuestro país de intelectuales como Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, Jorge Durand, Jorge Santibañez; líderes religiosos como el padre Solalinde y diversas organizaciones de derechos humanos, así como organismos internacionales defensores de los derechos humanos, donde la ONU, a través de los relatores de derechos humanos como el maestro Jorge Bustamente, habían presionado al Poder Federal y Legislativo para impulsar reformas en materia de protección de derechos humanos de los inmigrantes, transmigrantes, con énfasis en la protección social y laboral de los mexicanos en el extranjero, que por su condición migratoria se encuentran altamente vulnerables ante autoridades locales y practica xenofóbicas.



La aprobación de la minuta de la Ley de Migración en un periodo de tiempo tan corto y con el consenso logrado en las dos cámaras fue el resultado de varios factores que es importante mencionar:



a) La presentación de propuestas legislativas que sirvieron de base para el dialogo con la Secretaría de Gobernación.

b) Una presión social y la participación de organizaciones civiles pro defensa de derechos humanos de los migrantes.

c) Las redacciones de una parte importante de la Ley de Migración ya se encontraba en disposiciones reglamentarias.

d) El dialogo y la política entre los legisladores para hacer valer el papel del Poder Legislativo en la materia, a fin de prevalecer los derechos humanos y la tarjeta de transito sobre los criterios de seguridad y criminalización de los migrantes.



Impulsar una Ley de Migración no fue una tarea sencilla, desde la redacción de iniciativas y el proceso de dictaminación, se requirió de un gran esfuerzo de dialogo, se sacrificaron temas como la atención de 13 millones de mexicanos en Estados Unidos de América, en el ánimo y el compromiso de la Secretaría de Gobernación de tomar el tema como un asunto prioritario en el segundo semestre de 2011, sin que a la fecha se tenga ni noticia ni la voluntad para tratar dicho tema. La razón más importante y comprensible, es que todos hicimos un compromiso de trabajar en el reglamento, como legisladores sabemos que los reglamentos actualmente son una legislación alterna que en lugar de aplicar la voluntad del Congreso, se convierten en verdaderos diques de la voluntad del pueblo.



A la publicación de la Ley de Migración en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011 establecía en su artículo tercero transitorio lo siguiente: “Dentro del término de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Ejecutivo federal deberá expedir el Reglamento de la Ley de Migración, en tanto, continuará aplicándose en lo que no se oponga, el Reglamento de la Ley General de Población.”



Sin embargo, los acontecimientos de secuestro y violaciones de derechos humanos por autoridades migratorias en el verano de 2010, obligaron nuevamente al Congreso el 13 de julio de 2010, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al secretario de Gobernación para que informará y explicará sobre las medidas que se han tomado para proteger a los migrantes y evitar su secuestro por las bandas del crimen organizado. En sesión presidida por el Senador Guadarrama en el marco de las actividades de la Primera Comisión, a pregunta expresa de la diputada Beatriz Paredes que para los efectos del presente documento es preciso citar textualmente:



Diputada Beatriz Paredes: “A mí me parece que esta comparecencia tiene varios componentes importantes. Cómo el diálogo entre Poderes puede ser un diálogo fluido, divergente, constructivo, enérgico y básicamente útil para la sociedad para precisar el estado del arte en una problemática tan seria como es la problemática migratoria.



Segundo, subrayar que el nuevo marco legislativo que va a regir a partir que la reglamentación se ponga en práctica, es un marco legislativo que surgió de un acuerdo entre Legisladores; de un acuerdo entre Legisladores que fue acompañado por la decisión política del Ejecutivo y que reflejó que en este país sí hay acuerdos, y vale la pena que pongamos énfasis también en ese hecho. A veces parecería que solo dirigimos la mirada a los puntos de confrontación y la polarización, es mi opinión personal, le ha hecho mucho daño a México.



En ese sentido saludamos la nueva legislación; insistimos en lo planteado por la Diputado Ruth Lugo, que es un acuerdo de la Comisión Especial de Migración y de otras Comisiones, de que nos importa cómo hacer la reglamentación antes de que se publique porque queremos tener la certidumbre de que se respete el espíritu del Legislador en la reglamentación.”



Al cuestionamiento realizado el secretario de Gobernación estableció el siguiente compromiso:



Secretario de Gobernación, Blake Mora: “Pues, entonces, entremos, digamos, alguna línea de corresponsabilidades entre los poderes, porque me parece de singular importancia, que quienes hoy hicieron un esfuerzo también de venir de lugares en donde por sus ocupaciones legislativas no se encontraban ahora en la ciudad, pues muestran precisamente el interés que se tiene, y no nos podríamos levantar de esta mesa si no concretamos algunos mecanismos para seguir trabajando, como ya aquí lo han manifestado los legisladores, las legisladoras.



Me parece fundamental e instruyo a los subsecretarios que me acompañan, particularmente al subsecretario Centeno Zamora, para que integremos estas mesas de trabajo de seguimiento, hacer una revisión.

...

También le pediría al subsecretario Rubén Fernández, que es el que trae la parte reglamentaria, y no aún y siendo, digamos, no vamos a regatear aquí las facultades que cada uno tenemos, porque, pues ahora sí trabajamos juntos en la construcción de la ley.



No quisiéramos romper el espíritu, tampoco, de lo que ha motivado en su exposición el impulso de la ley, con el reglamento, y entonces trabajar. Habrá puntos de vista, lo sé. Podremos tener opiniones diferentes y convergentes, también lo sé. Pero lo más importante es trabajar juntos, para sacar lo más consensuado posible esta legislación que es fundamental también en la ley que recientemente se ha publicado.”



Ante este compromiso y la falta de respuesta de la Secretaría de Gobernación el 10 de agosto de 2010, los senadores Francisco Herrera León, Carlos Jiménez Macías, Adolfo Toledo Infanzón, Antelmo Alvarado García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Jesús Garibay García, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, Humberto Andrade Quezada, Rubén Fernando Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, sometieron a la consideración de la Comisión Permanente un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a considerar la participación y las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración y se agilice su conclusión y promulgación.



Después del plazo límite de la publicación del reglamento de la Ley de Migración, en noviembre de 2010, un grupo de senadores del PRD enviaron un compendio de propuestas emanados de la sociedad civil para la elaboración del reglamento de la Ley de Migración, a partir de un taller realizado por el Grupo Parlamentario del PRD en octubre. Sin que a la fecha se establezca un mesa de diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a fin de revisar en el reglamento que se exprese concretamente las principales disposiciones en materia de derechos humanos y de la tarjeta de transito que se pacto en las negociaciones. Citando al senador Rubén Velázquez, uno de los principales promotores de la Ley de Migración:



“Ese método de trabajo deja muy insatisfecho a todo mundo, porque no te da ninguna garantía de que tus puntos de vista van a ser tomados en cuenta, porque no tienes posibilidad de argumentarlos.”



En cambio el Poder Legislativo y organizaciones civiles que trabajan el tema, han mostrado su inconformidad por la falta de un mecanismo de participación que incluyera retroalimentación y debate para incluir sus propuestas en la elaboración del reglamento, ya que se les pidió que enviaran sus posicionamientos vía correo electrónico.



Fabienne Venet, directora del Instituto de Estudios sobre Migración, cuestionó el hermetismo que ha mostrado la SEGOB en este tema. Dijo que si bien enviaron sus propuestas por correo electrónico, nunca estuvieron de acuerdo con el mecanismo. Señaló que las únicas reuniones que han sostenido con Zenteno, han sido de tipo informal. Citando a Fabienne Venet: “Nos preocupa porque el Reglamento es absolutamente fundamental para cerrar el ciclo del compromiso de México en materia migratoria. La ley ha sido un esfuerzo para avanzar en el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las personas que migran, algo que ha sido demandado por la sociedad civil y organismos internacionales y sin reglamento eso no adquiere ninguna practicidad”.



Como Poder Legislativo se nos remitió un proyecto de Reglamento de Migración la semana pasada, cuando sabemos que desde el 16 de diciembre existe el documento final, que fue turnado a las organizaciones civiles y algunos senadores desde el 2 de enero de 2012, hubiéramos preferido la mínima cortesía de consultar la redacción de dicho reglamento con el Poder Legislativo, ya que es un proyecto pensado para enviarse a la Cofemer.



En política las formas son fondo, el pasado Jueves 12 de enero, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SG), René Martín Zenteno, convoco a representantes de organizaciones sociales, privadas y académicos de diversas instituciones de investigación, con el fin de presentar el reglamento de migración antes de enviarlo a la Cofemer para su revisión con el resto de la administración pública. De acuerdo, con la Secretaria de Gobernación afirmó que desde la publicación de la Ley de Migración ha dialogado con grupos civiles para analizar sus propuestas relacionadas con dicho reglamento.



En tanto, otros grupos sociales, directamente vinculados con la gestión de apoyo a indocumentados, consideran que no ha habido un acercamiento suficiente ni productivo, por lo que anunciaron que se retiran de esta mesa. En esa posición están los integrantes del grupo de trabajo sobre política migratoria, entre los que se encuentran Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Coalición pro Defensa del Migrante de Baja California, Misión Pastoral para la Movilidad Humana, Fundar Centro de Análisis e Investigación, I(dh)eas, Litigio estratégico en derechos humanos y el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración. Dicho grupo de trabajo no avala el proceso ni el contenido del anteproyecto del reglamento y exige “mecanismos reales de diálogo.



Y aunque la Secretaría de Gobernación justifique que tienen un dialogo con personas tan respetables como Cecilia Imaz, presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración; Tonatiuh Guillén, presidente del Colegio de la Frontera Norte, y Rafael Fernández de Castro, del ITAM, entre otros, consideramos que el proceso no es el adecuado y no contribuye al dialogo con las organizaciones civiles y el Poder Legislativo.



En esta secuencia de ideas me permito recuperar el posicionamiento de las organizaciones civiles de la mesa de política migratoria ante la Secretaría de Gobernación del jueves 12 de 2011.



Cita textual del posicionamiento:



“A pesar de que en reuniones con la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos y con la Unidad para el Desarrollo Político, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se hizo el compromiso de abrir un mecanismo plural y transparente, sólo se abrió un correo electrónico para el envío de comentarios y se llevaron a cabo reuniones cerradas, que de ninguna manera son una forma de participación efectiva y democrática. No obstante estas condiciones y en virtud del compromiso en la defensa y protección de los derechos humanos de la población migrante, el Grupo de Trabajo entregó un documento extenso de análisis técnico para su inclusión en el reglamento con el objetivo de que su texto cumpliera con las garantías de debido proceso, acceso a la justicia, mejora de la institucionalidad y protección a la población migrante, entre otros temas. Este documento fue elaborado antes de haber recibido el anteproyecto, lo cual no permitió el desarrollo de propuestas concretas.



Como focos rojos se expresó que el anteproyecto de reglamento sigue siendo muy general y no salvaguarda los derechos de las personas migrantes y que no se han incluido todos los puntos que las organizaciones hicieron llegar en tiempo y forma.



Además que no se han incluido diversos puntos –en perjuicio de la población– incluyendo aquellos relacionados con el acceso a la justicia, el derecho al debido proceso y la protección de la infancia, entre otros. También manifestaron que se sigue favoreciendo la violación a los derechos humanos de las personas migrantes, así como de sus defensores y defensoras. Ejemplo de ello es lo acontecido recientemente en Tenosique y que el reglamento establece un sistema migratorio no accesible para personas migrantes en mayores condiciones de vulnerabilidad y que hace que prevalezcan las condiciones actuales en las que se da la migración. Tras señalar que se incumple el espíritu de la ley y las propias declaraciones del titular del Ejecutivo de que se protegería a dicha población dijeron que su excesiva generalidad favorece la discrecionalidad de las autoridades migratorias al no prever protocolos y no establecer procedimientos claros para diversos temas como la segunda revisión, el tratamiento a los polizones, entre otros. Con ello, tampoco se aporta al fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración. Reiteraron que la participación ciudadana en la construcción de la política migratoria es muy limitada y no abre la posibilidad para el establecimiento de mecanismos amplios, plurales y transparentes y que con ello, se incumple la propia Ley de Migración. Finalmente consideraron que el anteproyecto no cumple con las características necesarias para darle aplicabilidad a la ley y certeza a las personas migrantes.



El texto, afirmaron, debe discutirse y modificarse antes de enviarlo a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para que efectivamente sea una norma útil. Y exigen que se abra una mesa de trabajo para la discusión del articulado con las características antes señaladas y se comprometan a la entrega oficial de la última versión existente del anteproyecto.”



Suscriben mesa de trabajo de política migratoria:



Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC; PRODH Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Coalición pro Defensa del Migrante de Baja California; DPMH Dimensión Pastoral para la Movilidad Humana;Fundar Centro de Análisis e Investigación, AC; I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Inedim Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Insyde Instituto para la Seguridad y la Democracia; NALACC Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas; Redim Red por los Derechos de la Infancia en México; Sin Fronteras , IAP; Manuel Ángel Castillo García, Grupo Guatemala – México; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Gisele Lisa Bonnici, Consultora; José Antonio Guevara, Consultor; Karina Arias, Consultora. Movimiento Migrante Mesoamericano M3.



El anteproyecto de reglamento de la Ley de Migración, elaborado en la Secretaría de Gobernación, no incluye mecanismos para facilitar el tránsito de quienes pretenden llegar a Estados Unidos, pero en cambio sí prevé diversos requisitos para obtener una visa de temporal de transito, mismos que el grueso de los migrantes no podría cumplir. Al igual que en España la visa de visitante con permiso de realizar actividades lucrativas , el migrante debe tener una oferta de empleo o comprobar actividades personales, previa la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes; además, documentos que acrediten las disposiciones legales aplicables, la capacidad profesional o técnica para realizar la actividad profesional, ocupación u oficio a que se refiere la oferta de empleo, así como la constancia de inscripción del empleador, emitida por el Instituto Nacional de Migración (INM).



Este tema es de la mayor importancia, y considero que el Poder Legislativo, debe llamar de manera urgente la atención a la Secretaría de Gobernación sobre las formas para tratar el tema más prioritario para el Congreso de la Unión, y para recuperar de manera inmediata los canales de diálogo y acuerdos con las organizaciones sociales y los legisladores que trabajaron la Ley de Migración y las iniciativas derivadas de la misma.



Por lo anteriormente expuesto, y antes que se envíe el Reglamento de Migración a la Cofemer, consideró prioritario establecer una mesa de trabajo técnico entre el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y organizaciones sociales para tratar directamente redacciones y acuerdos alcanzados para evitar la discrecionalidad de las autoridades migratorias en la atención de los transmigrantes, en respeto de los acuerdos alcanzados el 21 de julio de 2011 con el finado licenciado Blake Mora, secretario de Gobernación.



Por lo anteriormente expresado, presento ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes



Puntos de Acuerdo



Con carácter de urgente y obvia resolución



Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración respetar los acuerdos establecidos el 21 de julio de 2011 para establecer una mesa de revisión y seguimiento de la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración con el Poder Legislativo.



Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a mejorar los mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de los migrantes, a fin de privilegiar el dialogo y el consenso en las disposiciones reglamentarias de la Ley.



Salón de sesiones de la Comisión Permanente, Palacio Legislativo de San Lázaro, a dieciocho de enero de 2012.



Senador Julio César Aguirre Méndez (rúbrica)

ROMNEY

Washington, 18 Ene (Notimex).- La secretaria del Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solis, acusó hoy a Mitt Romney, puntero en la carrera por la nominación republicana a la Casa Blanca, de desconocer el tema migratorio por pedir la salida de los indocumentados del país.

En declaraciones a Notimex, Solis calificó de 'desafortunadas' las declaraciones de Romney, porque 'no entiende algunos de los temas y las contribuciones que muchos individuos (indocumentados) han hecho a este país'.

Romney, considerado el aspirante presidencial con la plataforma migratoria más dura, pese a ser hijo de un inmigrante, insistió que en cumplimiento de la ley, 'todos aquellos que han venido ilegalmente regresen a su casa (y) en última instancia que se formen en la fila'.

Solis criticó que el político republicano desconozca que ya hay muchas familias 'mixtas' entre estadunidenses e inmigrantes, cuyos hijos, en algunos casos, 'no tienen la documentación apropiada, pero nosotros deberíamos proporcionárselas, es justo y es legal'.

Destacó que el presidente Barack Obama se ha pronunciado por una reforma migratoria 'balanceada, que ofrezca unidad, prosperidad', porque toma en cuenta que muchos inmigrantes han vivido en Estados Unidos por largo tiempo y han hecho 'buenas contribuciones'.

Las declaraciones de la funcionaria aludieron a la postura de Romney, quien asegura estar mejor calificado que Obama para mejorar la economía estadunidense, por haber dirigido una empresa de inversiones y no ser producto del 'establishment político' de Washington.

Durante un debate político entre aspirantes republicanos celebrado en Carolina del Sur, Romney el lunes dijo que no haría nada 'que abra otra ola de inmigración ilegal'.

En contraste con la postura de Romney, quien sostiene que de llegar a la Casa Blanca vetaría la iniciativa Dream Act -que busca regularizar la situación migratoria de unos 800 mil estudiantes indocumentados-, el presidente Obama la 'apoya fuertemente', aseveró Solis.

'Si vamos a hacer crecer nuestra economía, tenemos que tener fuerza de trabajo bien preparada, y mucha de esta gente joven de la Dream Act califican', agregó la funcionaria.

'Algunos republicanos han hablado de esta propuesta, pero no lo suficiente, ninguno está dispuesto a hacerle frente, y el presidente Obama ha sido muy claro acerca de apoyar la Dream Act', remarcó.

ROMNEY

Confronta hispana a Romney sobre su promesa de vetar la Dream Act
Nueva York, 18 Ene (Notimex).- Una joven de origen peruano confrontó la víspera al aspirante presidencial republicano Mitt Romney por la promesa de éste, si gana la presidencia, de vetar la Dream Act, que permitiría la legalización de estudiantes y miembros de las fuerzas armadas.

Tras un evento de recaudación de fondos organizado por Romney en Nueva York, una mujer identificada solamente como Lucy preguntó al aspirante sobre su posición respecto de la iniciativa y la razón por la que éste 'no apoyaba' su sueño.

'Porque tú entraste ilegalmente a este país', respondió el aspirante presidencial, que de inmediato trató de evadir a la manifestante, de acuerdo con un video mostrado en el canal YouTube.

Lucy pudo decirle además que su promedio escolar era de cuatro equivalente a la máxima calificación en el sistema académico de Estados Unidos, a lo que Romney contestó que le daba mucho gusto, antes de alejarse de la joven.

Más tarde, se puede ver a un grupo de manifestantes que gritan la consigna: 'Vetemos a Romney'.

El aspirante presidencial ha expresado que de ser aprobada por el Congreso de Estados Unidos, él como presidente de Estados Unidos se aseguraría de vetar la Dream Act para evitar su aplicación.

En una entrevista posterior, Lucy explicó que el aspirante presidencial la ignoró luego de escuchar que ella era indocumentada y que se alejó de ella 'como si fuera una criminal'.

Asimismo, indicó que el cuerpo de seguridad del aspirante le dijo que se alejara de Romney y que 'regresara a México', a lo que Lucy contestó que su país de origen era Perú, de donde sus padres la sacaron cuando ella tenía 10 años de edad.

ALABAMA

For Immediate Release


In solidarity with Alabama


WHAT: A delegation of Legislators from Arizona and other States, will be visiting different Alabama cities to explain the consequences of the Arizona Law SB1070, the mother of SB56 and similar anti-immigration laws, at the screen showing of the documentary SB1070 The Faces, this film tells the story of how SB1070 came about, the fight against it and the impact on peoples lives.


WHEN: From 18th to 21st of January 2012


WHERE: Birmingham, Athens, Clanton, Montgomery and Tuscaloosa



OBJECTIVES:


Display our solidarity with the affected communities, as a result of the passing of HB56 in Alabama
Show the consequences of SB1070 a year and a half after it’s passing trought the documentary SB1070 The Faces
Presentations of the Documentary SB1070 The Faces the story of the Arizona Law, which has been named the MOTHER of all such bills.


People supporting this trip:


Ben Miranda State ex-legislator

Catherine Miranda State Legislator

Linda Herrera Community Organizer/Activist

Renato Avalos Director & Producer of Documentary SB1070 The Faces



In some showings visiting legislators will take the opportunity to address the audience in addition to the film’s presentation.


We invite you to cover these historic events.



Linda Herrera

Event Coordinator

623 910 6641

Lindaherrera0427@gmail.com


Renato Avalos

Director & Producer of the documentary SB1070 The Faces

602 919 0060

renatoavalos@hotmail.com

EL BOMBERO QUE NADIE LLAMÓ

AP | El Universal

Inmigrantes hispanos reaccionaron con malestar cuando la oficina municipal del forense dictaminó que un conocido bombero mexicano que realizó tareas de limpieza en la zona cero murió por causas naturales.

Ellen Borakove, portavoz de la oficina del forense de la ciudad de Nueva York, dijo que Rafael Hernández murió de obesidad, apnea del sueño e hipertrofia cardíaca, además de sufrir un "serio y crónico problema de abuso de alcohol".

La muerte del inmigrante no fue catalogada como fallecimiento relacionado con su presencia en la zona cero después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Al igual que Hernández, cientos de inmigrantes que realizaron tareas de limpieza alrededor de donde se erigían las Torres Gemelas sufren problemas respiratorios, asma, dolores de cabeza y problemas gástricos, además de psicológicos.

Los trabajadores pasaron meses tragando polvo mientras limpiaban la zona a cambio de un bajo salario.

"Siento que el gobierno le ha dado la espalda", dijo Jaime Munevar, un colombiano que también realizó tareas de limpieza en la zona cero. "Rafael me dijo antes de morir que le dolía mucho la espalda y los pulmones.

Ese tipo de dolor es común entre nosotros, entre los inmigrantes que trabajamos allí", agregó.

A pesar de que muchos aseguran sufrir serios problemas de salud debido a su trabajo en el área, es muy raro que la oficina del forense catalogue una muerte como relacionada con la presencia en la zona cero después de los atentados.

Sólo tres personas han entrado en esa categoría desde los ataques del 11 de septiembre.Hernández, de 49 años, se convirtió en un líder de la comunidad hispana afectada por cambios de salud debido al duro trabajo realizado en medio del polvo y las cenizas.

Durante años ayudó a decenas de colombianos, ecuatorianos y mexicanos a rellenar solicitudes de ayuda monetaria o médica y a interpretar simultáneamente procesos judiciales en la corte.

Se desconoce el número exacto de inmigrantes hispanos que realizaron labores de limpieza en la zona cero. 2 mil 600 -entre voluntarios y trabajadores de limpieza- formaron parte de la lista del Proyecto de Trabajadores Latinoamericanos (PTLA), una organización que les ayudó a recibir atención médica y solicitar compensación económica.

El mexicano fue diagnosticado con serios problemas respiratorios y obtuvo compensación económica tras una demanda que interpuso contra la ciudad por haber trabajado en el bajo Manhattan sin la protección adecuada, dijo su abogado Jorge Anzola.

"Rafael hizo mucho por mucha gente", señaló el defensor. "Pero era demasiado activo y estaba enfermo así que yo siempre le decía que frenara el ritmo", recordó.

El doctor ecuatoriano Jaime Cárcamo, quien tiene unos 100 trabajadores de limpieza hispanos de la zona cero como pacientes y conoció a Hernández, opinó que su muerte es una combinación de su mala salud y su trabajo en el bajo Manhattan.

"De forma directa o indirecta, la labor que realizó allí tuvo que ver con su muerte", señaló. Hernández no era paciente de Cárcamo.Rosa Duque, una inmigrante guatemalteca que conoció a Rafael, dijo que la reacción de la comunidad hispana al dictamen del forense fue muy negativa.

"Siento que esto ha manchado su legado", dijo la ex trabajadora de limpieza en la zona cero.

"Rafael siempre nos decía que si algún día se marchaba, nosotros teníamos que seguir luchando por la compensación".

Antes de los atentados el mexicano trabajaba en una tienda del condado de Queens y vendía bisutería cuando podía, dijeron sus amigos y Anzola.

En México se dedicó a ser bombero paramédico y trabajó para la Cruz Roja, mientras en Estados Unidos actuó de bombero voluntario en varios estados.

Su esposa, Brenda Olveda, dijo desde México que le notaba muy enfermo y que le faltaba el aire cuando hablaba.

"No recibió la atención médica que debería haber tenido. Tomaba demasiados medicamentos", señaló durante una entrevista telefónica.Hernández esperaba cobrar su último cheque para regresar a México, dijo Anzola.

Ahora el dinero y la posible ayuda que pueda recibir debido a un fondo de compensación para víctimas serán repartidos entre su esposa, dos hijas e hijo, dijo el abogado.

"Estas conclusiones médicas me tienen nerviosa porque todos nosotros estamos en la misma situación. Todos trabajamos allí durante meses y estamos enfermos" , dijo Virginia Villa, una colombiana de 63 años.

REPATRIADOS A GUATEMALA

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informa que la Embajada de México en Guatemala le comunicó el día de hoy que a partir de las 7:00 horas se inició el proceso de repatriación de los ciudadanos guatemaltecos que se encontraban desde agosto de 2011 en tierras del Ejido Nuevo Progreso, Tabasco, México.

En cumplimiento al "Manual de Procedimientos para la Repatriación Digna, Ordenada, Ágil y Segura de nacionales Centroamericanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua a disposición de las autoridades migratorias mexicanas", dicho grupo de personas está siendo conducida en estos momentos a la Estación Migratoria Siglo XXI, en territorio mexicano, para luego ser debidamente documentados por funcionarios consulares guatemaltecos, previo a su repatriación a Guatemala.

De acuerdo a la información preliminar recabada, se tiene entendido que el número de personas que están siendo trasladadas a la referida estación migratoria es aproximadamente de 71 personas, entre los que se encuentran varios menores de edad.

Funcionarios del Consulado de Guatemala en Tapachula se encuentran a la espera del arribo de dicho grupo de personas a la Estación Migratoria Siglo XXI, con el objeto de corroborar la situación en la que llegan y que las condiciones que se brinden sean las más apropiadas.

Guatemala, 9 de enero de 2012.

LEY DE MIGRACIÓN

Agradecemos su apoyo y su difusión. Si se requieren entrevistas por favor comunicarse con Fabienne Venet cel: 044 55 55334988 0 con Lucrecia Maldonado cel. 044 5559438122.

Gracias.

LM







México DF, 12 de enero de 2012

BOLETIN DE PRENSA

Atención: Jefatura de Información,

reporteras y reporteros de la

Fuente de OSC, Migración y Derechos Humanos



POSICIONAMIENTO CON RELACION AL ANTEPROYECTO DEL

REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN

· El GT no avala el proceso ni el contenido del anteproyecto del Reglamento de la Ley de Migración.

· En beneficio de la población migrante se exigen mecanismos reales de diálogo participativo y equitativo con la sociedad civil.



El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria abandonó la reunión convocada por la Secretaría de Gobernación luego de manifestar su inconformidad por el proceso y el contenido del documento del Reglamento (versión del 16 de diciembre de 2011) que circuló la Subsecretaría el pasado 2 de enero. Tras reiterar que nunca se abrió un mecanismo de diálogo y participación para la construcción del Reglamento de la Ley de Migración, el GT expresó que posterga su participación hasta que se establezcan las condiciones que, desde hace seis meses se han planteado, sin, hasta el momento obtener respuesta.


En un documento de posicionamiento se señaló que:

A pesar de que en reuniones con la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos y con la Unidad para el Desarrollo Político, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se hizo el compromiso de abrir un mecanismo plural y transparente, sólo se abrió un correo electrónico para el envío de comentarios y se llevaron a cabo reuniones cerradas, que de ninguna manera son una forma de participación efectiva y democrática.

No obstante estas condiciones y en virtud del compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos de la población migrante, el Grupo de Trabajo entregó un documento extenso de análisis técnico para su inclusión en el reglamento con el objetivo de que su texto cumpliera con las garantías de debido proceso, acceso a la justicia, mejora de la institucionalidad y protección a la población migrante, entre otros temas.

Este documento fue elaborado antes de haber recibido el anteproyecto, lo cual no permitió el desarrollo de propuestas concretas.

Como focos rojos se expresó que el anteproyecto de Reglamento sigue siendo muy general y no salvaguarda los derechos de las personas migrantes y que no se han incluido todos los puntos que las organizaciones hicieron llegar en tiempo y forma.

Además que no se han incluido diversos puntos - en perjuicio de la población- incluyendo aquellos relacionados con el acceso a la justicia, el derecho al debido proceso y la protección de la infancia, entre otros.

También manifestaron que se sigue favoreciendo la violación a los derechos humanos de las personas migrantes, así como de sus defensores y defensoras. Ejemplo de ello es lo acontecido recientemente en Tenosique y que el Reglamento establece un sistema migratorio no accesible para personas migrantes en mayores condiciones de vulnerabilidad y que hace que prevalezcan las condiciones actuales en las que se da la migración.

Tras señalar que se incumple el espíritu de la Ley y las propias declaraciones del titular del Ejecutivo de que se protegería a dicha población dijeron que su excesiva generalidad favorece la discrecionalidad de las autoridades migratorias al no prever protocolos y no establecer procedimientos claros para diversos temas como la segunda revisión, el tratamiento a los polizones, entre otros. Con ello, tampoco se aporta al fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración.

Reiteraron que la participación ciudadana en la construcción de la política migratoria es muy limitada y no abre la posibilidad para el establecimiento de mecanismos amplios, plurales y transparentes y que con ello, se incumple la propia Ley de Migración.

Finalmente consideraron que el Anteproyecto no cumple con las características necesarias para darle aplicabilidad a la ley y certeza a las personas migrantes.

El texto, afirmaron, debe discutirse y modificarse antes de enviarlo a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) para que efectivamente sea una norma útil. Y exigen que se abra una mesa de trabajo para la discusión del articulado con las características antes señaladas y se comprometan a la entrega oficial de la última versión existente del anteproyecto.

TENOSIQUE TABASCO

El día de hoy a las 5 de la mañana fuerzas federales desalojaron a las familias de guatemaltecos que se encontraban en la franja fronteriza aledaña al Ejido Nuevo Progreso, del municipio de Tenosique, Tabasco, violando con esto sus derechos humanos. Según testimonios, las autoridades arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron su desmantelamiento con lujo de violencia. Al rechazar estas acciones y pedir explicaciones de tales acciones los habitantes del campamento comenzaron a ser detenidos.

¡Escribe inmediatamente a las autoridades exigiendo que se abstengan de repatriar a las y los guatemaltecos desplazados de su territorio y que en todo momento garanticen sus derechos humanos! Imprime esta carta y envíala a los destinatarios señalados al final del documento o firma la carta de forma electrónica aquí





México, D.F., a 09 de enero de 2012



ACCIÓN URGENTE


El Centro de Derechos Humanos Usumacinta A.C., el Equipo Indignación A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" con gran preocupación hemos tenido conocimiento del operativo realizado hoy en la madrugada en la franja fronteriza aledaña al Ejido Nuevo Progreso, del municipio de Tenosique, Tabasco, mediante el cual fueron desalojados sorpresivamente y con violencia las familias guatemaltecas que mantenían un campamento desde el 23 de agosto de 2011, cuando fueron desplazadas violentamente por el Ejército guatemalteco de la comunidad Nueva Esperanza, Guatemala.

De acuerdo con los informes recibidos, las organizaciones que suscribimos tenemos conocimiento que el día de hoy, 09 de enero de 2012 alrededor de las seis horas, se realizó un operativo en el que participaron elementos de la Policía Federal, Ministerios Públicos de la Federación y Policías municipales, algunos elementos policiacos se encontraban vestidos de civil y al mando de estas autoridades se encontraba una persona que se ostentó como el Subdelegado Regional del Instituto Nacional de Migración. Según testimonios, las autoridades arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron su desmantelamiento con lujo de violencia. Al rechazar estas acciones y pedir explicaciones de tales acciones los habitantes del campamento comenzaron a ser detenidos.


Las autoridades detuvieron a los niños y niñas del campamento y los subieron a camiones con el objeto de que sus padres se entregaran, lo que implica un trato inhumano y la posible comisión de ilícitos para los funcionarios que participaron en el operativo. Según los datos recabados, 71 personas fueron subidas dentro de cuatro autobuses y al parecer conducidos rumbo a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas. Los testimonios de personas que no fueron detenidas refieren que hubo incursión de los policías a territorio guatemalteco para detener a más personas, mientras que vecinos mexicanos que se solidarizaron y exigían explicación por tal proceder, fueron amenazados con ser detenidos. Además, una persona de nacionalidad española también fue detenida, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

También es de nuestro conocimiento que dos personas de origen guatemalteco fueron detenidas por las Fuerzas Federales, y después de incomunicadas, trasladadas a la Agencia del Ministerio Público Federal con sede en Tenosique, Tabasco.

Como antecedente a este hecho, el 19 de diciembre de 2011 otros funcionarios federales acudieron al campamento para convencer a las personas de que se retiraran a Guatemala y que recibirían el apoyo de las autoridades mexicanas.

Cabe resaltar que Fray Tomás González Castillo, director del Centro de Derechos Humanos Usumacinta, así como las organizaciones aquí firmantes, sostuvimos reuniones con el Doctor René Zenteno, Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Salvador Beltrán del Río (Comisionado del Instituto Nacional de Migración) y funcionarios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), a fin de que se respeten los derechos humanos de las familias guatemaltecas ahí desplazadas. En la más reciente reunión (4 de enero) se comunicó a las autoridades mexicanas que las familias guatemaltecas no deseaban regresar por el momento a Guatemala y que esperarían al resultado de negociaciones con su gobierno para una posible reubicación, quedando las autoridades mexicanas a la espera de estos acuerdos.

Ante la situación en la cual miembros de la Policía Federal desalojaron a los desplazados, con miras a una posible repatriación, es de nuestra preocupación que puedan sufrir nuevas violaciones a sus derechos humanos; además, recalcamos que estos actos se dan en un contexto en el que había acercamiento y compromiso de las autoridades mexicanas para apoyar a las familias desplazadas, con lo que se engaña y sorprende abusivamente a una población en extremo vulnerable. Asimismo, señalamos que deploramos la inobservancia de estos acuerdos, el operativo violento y sorpresivo que lesiona severamente a las familias, que ya vivían una situación crítica y entre las y los cuales hay 115 niñas y niños.

Este desalojo se da también en un contexto en donde la comunidad efectúa negociaciones con el gobierno guatemalteco para un eventual retorno a tierras dicho Estado. Sin lugar a dudas, el operativo efectuado por autoridades mexicanas afecta gravemente las condiciones de esa comunidad para negociar y representa un obstáculo para un retorno en condiciones mínimamente dignas.

Por todo lo anterior, demandamos de manera urgente:

- Abstenerse de repatriar a las y los guatemaltecos que se encontraban en la franja fronteriza. Ellas y ellos se encuentran en diálogo con su gobierno y México incumple con un deber humanitario al aumentar la presión sobre este grupo ya violentado.
- Detener el operativo en curso. Garantizar un trato digno y respetuoso a todas y todos los desplazados, garantizar que las niñas y niños se encuentren junto con sus padres. Constituye un trato inhumano separar a las familias
- Garantizar todos los derechos de las y los guatemaltecos que se encontraban en el ejido Nueva Progreso, en la localidad de Tenosique, Tabasco.
- Se respeten y salvaguarden los derechos de las dos personas que fueron detenidas, llevadas inicialmente ante la PGR y que actualmente se encuentran en la estación Migratoria de Tenosique.
- Iniciar de inmediato una investigación sobre el motivo y formas en las que se dio el operativo, ya que actualmente existía un proceso de diálogo con las autoridades mexicanas para garantizar la estancia de las familias.
- Deslindar las responsabilidades de los funcionarios públicos que hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos de las y los refugiados guatemaltecos.
- Se respete y otorgue protección a los desplazados guatemaltecos, quienes ante situaciones adversar se vieron obligados a salir del país.

Nos mantenemos a la espera de una pronta acción y respuesta

ESCRIBIR INMEDIATAMENTE A:
Dr. RAUL PLASCENCIA VILLANUEVA
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice,
Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200, México D.F.
Teléfonos (55) 56 81 81 25 y 54 90 74 00 ext. 8163 y 8280
correo@cndh.org.mx

Dr. ALEJANDRO POIRÉ ROMERO
Secretario de Gobernación
Abraham González No.48, Col. Juárez,
Delegación. Cuauhtémoc, C. P. 06600, México, D. F.
Teléfono (55) 50633400 ext. 32400
secretario@segob.gob.mx

Ing. GENARO GARCÍA LUNA
Secretario de Seguridad Pública
Constituyentes no. 947, edif. "b" planta alta, Colonia Belén de las Flores,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01110, México, D. F.
Teléfono (55) 1103 6000 Ext. 11700
genaro.garcia@ssp.gob.mx

Lic. SALVADOR BELTRÁN DEL RÍO MADRID
Comisionado del Instituto Nacional de Migración
Homero 1832, Colonia Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11510, México, D.F.
Teléfonos (55) 53 87 24 00 ext. 18022
sbeltrandelrio@inami.gob.mx

Q.F.B. ANDRÉS GRANIER MELO
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
Palacio de Gobierno Calle Independencia No. 2 Col. Centro C. P. 86000,
Villahermosa, Tabasco
Teléfono (01 993) 312 0711 y 314 5656. Fax (01 993) 314 2612
gobernador@tabasco.gob.mx

CANADÁ

COMUNICADO DE PRENSA

Experiencia Internacional en Canadá 2012

Programa de Movilidad de Jóvenes México-Canadá

México D.F., a 4 de enero de 2012 – La Embajada de Canadá en México hace de su conocimiento que a partir del día de hoy comenzará a recibir solicitudes para el programa Experiencia Internacional en Canadá 2012, cuyo propósito es fomentar los intercambios y la movilidad de los jóvenes entre México y Canadá, para así contribuir tanto a su formación personal y profesional como a un mejor entendimiento entre los dos países a través de intercambios culturales que promuevan el conocimiento de los idiomas, culturas y sociedades respectivas por medio de viajes, trabajo y experiencias de vida.



El programa “Experiencia Internacional en Canadá”, que se anunció por primera vez en octubre de 2010, está dirigido a jóvenes mexicanos de 18 a 29 años, tanto estudiantes como egresados, que deseen obtener experiencia de vida en Canadá, y les permite obtener un permiso para trabajar en Canadá por un lapso de máximo12 meses, y tiene tres categorías:



La categoría de trabajo en vacaciones permite a jóvenes inscritos en una universidad mexicana viajar por Canadá y obtener un trabajo remunerado para complementar sus recursos financieros. Estos estudiantes reciben un permiso de trabajo abierto.


La categoría de jóvenes profesionales es para estudiantes y egresados que deseen obtener experiencia laboral internacional y que tengan un contrato de trabajo en Canadá previamente acordado. Los participantes en esta categoría recibirán un permiso de trabajo con un empleador específico, el cual será válido por la duración del trabajo.


La categoría de prácticas profesionales y cooperación internacional es para los estudiantes inscritos en una universidad mexicana que quieran complementar su formación académica a través de prácticas profesionales en Canadá. Deben tener un contrato de trabajo en Canadá previamente acordado.


La recepción de solicitudes de los jóvenes de ambos países interesados en este programa de movilidad juvenil comenzará, tanto en México como en Canadá, el 4 de enero de 2012. El procedimiento para presentar una solicitud ante la Embajada de Canadá para participar en el programa se encuentra en el sitio web de la Embajada (www.mexico.gc.ca).



Para más información sobre el programa, consultar el ícono de Experiencia Internacional en Canadá en www.mexico.gc.ca o enviar un correo electrónico a mxico.experience@international.gc.ca

SAN BERNARDINO CAL.

265 N. D Street – San Bernardino, CA 92401




El comité coordinador promotor de CASA MORENA SIN FRONTERAS, hacemos una atenta invitación a la apertura de esta iniciativa de la comunidad migrante en los condados de San Bernardino, Riverside e Imperial.


El lunes 9 de Enero, 2012 a las 11:30 AM se abren las puertas de este proyecto con el fin de dar a conocer los objetivos y el inicio de un proceso organizativo de comités de barrio en nuestra comunidad migrante en estos condados de California.


Gracias por su apoyo y participación,




Atentamente,




Rosa Martha Zarate Macías,

Miembro del comité coordinador de

CASA MORENA SIN FRONTERAS.



















Comunicado de prensa












265 N. D Street – San Bernardino, CA 92401


9 de Enero, 2012 - 11:30 AM



CASA MORENA SIN FRONTERAS, inicia el proceso de organización y participación ciudadana migrante en los condados de San Bernardino, Riverside e Imperial. En este momento histórico para el pueblo mexicano, más allá de las fronteras, estamos uniendo fuerzas y afirmando el compromiso de defender los derechos del migrante mexicano y latino trans-migrante, tanto en México, como en los Estados Unidos de Norteamérica.


Este proyecto tiene la tarea de establecer comités de base ciudadana como espacios de dialogo, participación, educación, concientización y desarrollo comunitario en coordinación con los comités de base del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en California y en otros estados de la Unión Americana. CASA MORENA SIN FRONTERAS, está abriendo las puertas a miembros de la comunidad dispuestos a participar y hacer valer sus derechos como agentes del cambio verdadero en México. Los/as migrantes en el exterior no solo somos un dato de remesas para México y en Estados Unidos somos más que un problema migratorio, allá y acá somos miembros de un pueblo sin fronteras que defiende su derecho de vivir con dignidad porque aportamos economía, cultura y valores que contribuyen al bienestar y desarrollo de los países en donde nos encontramos.


A partir de esta fecha se establece el comité coordinador de MORENA para estos condados y de planificación para la organización de comités de base (Calpullis) que tiene como objetivos principales:


●Fortalecer el desarrollo de la participación y concientización ciudadana migrante y la acción afirmativa del migrante.

● Promover el registro de votantes para asegurar el voto de los/as mexicanos en el exterior en las próximas elecciones para la presidencia de la república mexicana. Exigir ante el Instituto Federal Electoral (IFE) el registro de votantes en este lado de la frontera. De la misma forma, promover el voto migrante en Estados Unidos.

● Hacer valer la voz y el voto del migrante en el extranjero y se logre la creación de la 6ª. Circunscripción política con el fin de tener la representación parlamentaria en el congreso con diputaciones elegidas entre la misma comunidad migrante.

● Defender y hacer valer los derechos de la comunidad trans-migrante centro y sur americana, a través de las reformas a la ley para proteger sus derechos humanos al cruzar el territorio mexicano.

● Apoyar y defender a los Ex Braceros en su lucha para recuperar el Fondo de Ahorro que el gobierno mexicano les debe, así como la de hacer valer los derechos de los Ex Braceros radicados en el exterior para que se implemente justamente el fideicomiso 2106 en este lado de la frontera.

●Fortalecer la participación de los/as migrantes para exigir la reforma migratoria así como el apoyo a la lucha de los jóvenes estudiantes migrantes para asegurar sus derechos a la educación.

●Apoyar proyectos comunitarios de salud, de economía alternativa, de información y educación principalmente de la mujer y los jóvenes.

●Ofrecer un espacio para el arte cultural alternativo.

● Fortalecer las redes de solidaridad con organizaciones local, nacional e internacionales que defienden los derechos de los migrantes.


Información: Mary Ann Gonzáles – 951- 743-7173

Jesús de Santiago – 909 486 - 6932

Rosa Martha Zarate Macías - 909 875 1779

ZEDILLO, EN PROBLEMAS

Reclama expresidente Zedillo inmunidad en EUA por hechos de Acteal
Miami, 6 Ene (Notimex).- El expresidente de México, Ernesto Zedillo, reclamó hoy inmunidad legal a una corte estadunidense, en respuesta a una demanda en la que es acusado de crímenes contra la humanidad por la matanza en la comunidad indígena de Acteal en 1997.

En la moción, Zedillo argumentó inmunidad por su posición de expresidente de México y negó tener responsabilidad por los hechos registrados en dicha comunidad del sudoriental estado mexicano de Chiapas.

Zedillo, quien gobernó México de diciembre de 1994 a noviembre de 2000, interpuso a través de sus abogados la moción solicitando se deseche la acusación en su contra presentada en la Corte Federal en Hartford, Connecticut, el pasado 19 de septiembre.

El exmandatario mexicano fue acusado por una decena de sobrevivientes de la denominada matanza de Acteal, en la que murieron 45 personas, incluyendo mujeres y niños.

Según la acusación, la masacre ocurrió a raíz de la supuesta aplicación por parte del gobierno mexicano de 'El Plan de Campaña Chiapas 94', una presunta estrategia secreta para aplastar el movimiento insurgente zapatista que emergió públicamente el 1 de enero de 1994.

La demanda fue interpuesta por el despacho 'Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess', con sede en Miami (Florida) a nombre de seis hombres y cuatro mujeres sobrevivientes de los hechos y viudas e hijos de las víctimas cuyos nombres se mantienen bajo reserva.

Roger Kobert, uno de los abogados que representa a los demandantes, dijo a Notimex que la argumentación de Zedillo es 'inapropiada' al solicitar a la corte que lo exima de toda responsabilidad.

'No es apropiado solicitar inmunidad', insistió el abogado al sostener que todas las evidencias presentadas en la demanda están respaldadas.

Kobert rechazó hacer más comentarios por no haber leído aún las 122 páginas en las que los abogados del expresidente responden a la demanda.

El recurso fue radicado ante la corte en Connecticut por ser la entidad de residencia del exgobernante mexicano, que se desempeña actualmente como profesor en la prestigiosa Universidad de Yale en New Haven.

En la demanda se acusa al expresidente Zedillo de conspirar junto con el entonces procurador general mexicano Jorge Madrazo Cuéllar para ocultar el papel desplegado por el ejecutivo federal antes y después de la masacre.

De acuerdo con la acusación, como parte del encubrimiento unas 128 personas de la zona cercana a la aldea de Acteal fueron detenidas y arrestadas.

En octubre de 2007, unos 34 de los detenidos fueron declarados culpables de varios crímenes, incluyendo homicidios y asalto con agravantes, y algunos fueron sentenciados a penas de hasta 26 años de cárcel.

Sin embargo, en agosto de 2009, la Suprema Corte de Justicia de México revocó 20 de las sentencias y ordenó liberar a 11 de los detenidos, por actos ilícitos de la fiscalía, incluyendo fabricación de pruebas y otras violaciones a las leyes.

Según la demanda, el encubrimiento de los hechos continuó por años después de que Zedillo dejó la Presidencia en el año 2000.

La firma de abogados que representa a los demandantes sostiene que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de México permitió a sobrevivientes y familiares de las víctimas, conocer tales hechos al hacerse pública la verdad sobre el encubrimiento.

Las leyes estadunidenses permiten a ciudadanos extranjeros el buscar justicia en Estados Unidos en contra de exfuncionarios como Zedillo, porque éste reside y trabaja en el país, aun cuando los hechos de los que se le acusan hayan ocurrido en otra nación.

La ley de Protección a Víctimas de Tortura y la Ley de Protección y de Reclamos por Agravios a Extranjeros, permite a ciudadanos de otros países el derecho de ejercer acciones legales en las cortes de Estados Unidos.