PUNTO DE ACUERDO

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob que respete los compromisos para elaborar el Reglamento de la Ley de Migración con la participación del Congreso de la Unión y la sociedad civil, a cargo del senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD



El suscrito, Julio César Aguirre Méndez, senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición por el que la honorable Comisión Permanente solicita al titular de la Secretaría de Gobernación respetar los compromisos para la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración con la participación del Congreso de la Unión y sociedad civil con base en los siguientes

Antecedentes



Antes del asesinato de 72 migrantes latinoamericanos en 2010, la credibilidad de México en la atención del fenómeno migratorio era seriamente cuestionada desde las voces del interior de nuestro país de intelectuales como Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, Jorge Durand, Jorge Santibañez; líderes religiosos como el padre Solalinde y diversas organizaciones de derechos humanos, así como organismos internacionales defensores de los derechos humanos, donde la ONU, a través de los relatores de derechos humanos como el maestro Jorge Bustamente, habían presionado al Poder Federal y Legislativo para impulsar reformas en materia de protección de derechos humanos de los inmigrantes, transmigrantes, con énfasis en la protección social y laboral de los mexicanos en el extranjero, que por su condición migratoria se encuentran altamente vulnerables ante autoridades locales y practica xenofóbicas.



La aprobación de la minuta de la Ley de Migración en un periodo de tiempo tan corto y con el consenso logrado en las dos cámaras fue el resultado de varios factores que es importante mencionar:



a) La presentación de propuestas legislativas que sirvieron de base para el dialogo con la Secretaría de Gobernación.

b) Una presión social y la participación de organizaciones civiles pro defensa de derechos humanos de los migrantes.

c) Las redacciones de una parte importante de la Ley de Migración ya se encontraba en disposiciones reglamentarias.

d) El dialogo y la política entre los legisladores para hacer valer el papel del Poder Legislativo en la materia, a fin de prevalecer los derechos humanos y la tarjeta de transito sobre los criterios de seguridad y criminalización de los migrantes.



Impulsar una Ley de Migración no fue una tarea sencilla, desde la redacción de iniciativas y el proceso de dictaminación, se requirió de un gran esfuerzo de dialogo, se sacrificaron temas como la atención de 13 millones de mexicanos en Estados Unidos de América, en el ánimo y el compromiso de la Secretaría de Gobernación de tomar el tema como un asunto prioritario en el segundo semestre de 2011, sin que a la fecha se tenga ni noticia ni la voluntad para tratar dicho tema. La razón más importante y comprensible, es que todos hicimos un compromiso de trabajar en el reglamento, como legisladores sabemos que los reglamentos actualmente son una legislación alterna que en lugar de aplicar la voluntad del Congreso, se convierten en verdaderos diques de la voluntad del pueblo.



A la publicación de la Ley de Migración en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011 establecía en su artículo tercero transitorio lo siguiente: “Dentro del término de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Ejecutivo federal deberá expedir el Reglamento de la Ley de Migración, en tanto, continuará aplicándose en lo que no se oponga, el Reglamento de la Ley General de Población.”



Sin embargo, los acontecimientos de secuestro y violaciones de derechos humanos por autoridades migratorias en el verano de 2010, obligaron nuevamente al Congreso el 13 de julio de 2010, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al secretario de Gobernación para que informará y explicará sobre las medidas que se han tomado para proteger a los migrantes y evitar su secuestro por las bandas del crimen organizado. En sesión presidida por el Senador Guadarrama en el marco de las actividades de la Primera Comisión, a pregunta expresa de la diputada Beatriz Paredes que para los efectos del presente documento es preciso citar textualmente:



Diputada Beatriz Paredes: “A mí me parece que esta comparecencia tiene varios componentes importantes. Cómo el diálogo entre Poderes puede ser un diálogo fluido, divergente, constructivo, enérgico y básicamente útil para la sociedad para precisar el estado del arte en una problemática tan seria como es la problemática migratoria.



Segundo, subrayar que el nuevo marco legislativo que va a regir a partir que la reglamentación se ponga en práctica, es un marco legislativo que surgió de un acuerdo entre Legisladores; de un acuerdo entre Legisladores que fue acompañado por la decisión política del Ejecutivo y que reflejó que en este país sí hay acuerdos, y vale la pena que pongamos énfasis también en ese hecho. A veces parecería que solo dirigimos la mirada a los puntos de confrontación y la polarización, es mi opinión personal, le ha hecho mucho daño a México.



En ese sentido saludamos la nueva legislación; insistimos en lo planteado por la Diputado Ruth Lugo, que es un acuerdo de la Comisión Especial de Migración y de otras Comisiones, de que nos importa cómo hacer la reglamentación antes de que se publique porque queremos tener la certidumbre de que se respete el espíritu del Legislador en la reglamentación.”



Al cuestionamiento realizado el secretario de Gobernación estableció el siguiente compromiso:



Secretario de Gobernación, Blake Mora: “Pues, entonces, entremos, digamos, alguna línea de corresponsabilidades entre los poderes, porque me parece de singular importancia, que quienes hoy hicieron un esfuerzo también de venir de lugares en donde por sus ocupaciones legislativas no se encontraban ahora en la ciudad, pues muestran precisamente el interés que se tiene, y no nos podríamos levantar de esta mesa si no concretamos algunos mecanismos para seguir trabajando, como ya aquí lo han manifestado los legisladores, las legisladoras.



Me parece fundamental e instruyo a los subsecretarios que me acompañan, particularmente al subsecretario Centeno Zamora, para que integremos estas mesas de trabajo de seguimiento, hacer una revisión.

...

También le pediría al subsecretario Rubén Fernández, que es el que trae la parte reglamentaria, y no aún y siendo, digamos, no vamos a regatear aquí las facultades que cada uno tenemos, porque, pues ahora sí trabajamos juntos en la construcción de la ley.



No quisiéramos romper el espíritu, tampoco, de lo que ha motivado en su exposición el impulso de la ley, con el reglamento, y entonces trabajar. Habrá puntos de vista, lo sé. Podremos tener opiniones diferentes y convergentes, también lo sé. Pero lo más importante es trabajar juntos, para sacar lo más consensuado posible esta legislación que es fundamental también en la ley que recientemente se ha publicado.”



Ante este compromiso y la falta de respuesta de la Secretaría de Gobernación el 10 de agosto de 2010, los senadores Francisco Herrera León, Carlos Jiménez Macías, Adolfo Toledo Infanzón, Antelmo Alvarado García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Jesús Garibay García, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, Humberto Andrade Quezada, Rubén Fernando Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, sometieron a la consideración de la Comisión Permanente un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a considerar la participación y las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración y se agilice su conclusión y promulgación.



Después del plazo límite de la publicación del reglamento de la Ley de Migración, en noviembre de 2010, un grupo de senadores del PRD enviaron un compendio de propuestas emanados de la sociedad civil para la elaboración del reglamento de la Ley de Migración, a partir de un taller realizado por el Grupo Parlamentario del PRD en octubre. Sin que a la fecha se establezca un mesa de diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a fin de revisar en el reglamento que se exprese concretamente las principales disposiciones en materia de derechos humanos y de la tarjeta de transito que se pacto en las negociaciones. Citando al senador Rubén Velázquez, uno de los principales promotores de la Ley de Migración:



“Ese método de trabajo deja muy insatisfecho a todo mundo, porque no te da ninguna garantía de que tus puntos de vista van a ser tomados en cuenta, porque no tienes posibilidad de argumentarlos.”



En cambio el Poder Legislativo y organizaciones civiles que trabajan el tema, han mostrado su inconformidad por la falta de un mecanismo de participación que incluyera retroalimentación y debate para incluir sus propuestas en la elaboración del reglamento, ya que se les pidió que enviaran sus posicionamientos vía correo electrónico.



Fabienne Venet, directora del Instituto de Estudios sobre Migración, cuestionó el hermetismo que ha mostrado la SEGOB en este tema. Dijo que si bien enviaron sus propuestas por correo electrónico, nunca estuvieron de acuerdo con el mecanismo. Señaló que las únicas reuniones que han sostenido con Zenteno, han sido de tipo informal. Citando a Fabienne Venet: “Nos preocupa porque el Reglamento es absolutamente fundamental para cerrar el ciclo del compromiso de México en materia migratoria. La ley ha sido un esfuerzo para avanzar en el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las personas que migran, algo que ha sido demandado por la sociedad civil y organismos internacionales y sin reglamento eso no adquiere ninguna practicidad”.



Como Poder Legislativo se nos remitió un proyecto de Reglamento de Migración la semana pasada, cuando sabemos que desde el 16 de diciembre existe el documento final, que fue turnado a las organizaciones civiles y algunos senadores desde el 2 de enero de 2012, hubiéramos preferido la mínima cortesía de consultar la redacción de dicho reglamento con el Poder Legislativo, ya que es un proyecto pensado para enviarse a la Cofemer.



En política las formas son fondo, el pasado Jueves 12 de enero, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SG), René Martín Zenteno, convoco a representantes de organizaciones sociales, privadas y académicos de diversas instituciones de investigación, con el fin de presentar el reglamento de migración antes de enviarlo a la Cofemer para su revisión con el resto de la administración pública. De acuerdo, con la Secretaria de Gobernación afirmó que desde la publicación de la Ley de Migración ha dialogado con grupos civiles para analizar sus propuestas relacionadas con dicho reglamento.



En tanto, otros grupos sociales, directamente vinculados con la gestión de apoyo a indocumentados, consideran que no ha habido un acercamiento suficiente ni productivo, por lo que anunciaron que se retiran de esta mesa. En esa posición están los integrantes del grupo de trabajo sobre política migratoria, entre los que se encuentran Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Coalición pro Defensa del Migrante de Baja California, Misión Pastoral para la Movilidad Humana, Fundar Centro de Análisis e Investigación, I(dh)eas, Litigio estratégico en derechos humanos y el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración. Dicho grupo de trabajo no avala el proceso ni el contenido del anteproyecto del reglamento y exige “mecanismos reales de diálogo.



Y aunque la Secretaría de Gobernación justifique que tienen un dialogo con personas tan respetables como Cecilia Imaz, presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración; Tonatiuh Guillén, presidente del Colegio de la Frontera Norte, y Rafael Fernández de Castro, del ITAM, entre otros, consideramos que el proceso no es el adecuado y no contribuye al dialogo con las organizaciones civiles y el Poder Legislativo.



En esta secuencia de ideas me permito recuperar el posicionamiento de las organizaciones civiles de la mesa de política migratoria ante la Secretaría de Gobernación del jueves 12 de 2011.



Cita textual del posicionamiento:



“A pesar de que en reuniones con la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos y con la Unidad para el Desarrollo Político, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se hizo el compromiso de abrir un mecanismo plural y transparente, sólo se abrió un correo electrónico para el envío de comentarios y se llevaron a cabo reuniones cerradas, que de ninguna manera son una forma de participación efectiva y democrática. No obstante estas condiciones y en virtud del compromiso en la defensa y protección de los derechos humanos de la población migrante, el Grupo de Trabajo entregó un documento extenso de análisis técnico para su inclusión en el reglamento con el objetivo de que su texto cumpliera con las garantías de debido proceso, acceso a la justicia, mejora de la institucionalidad y protección a la población migrante, entre otros temas. Este documento fue elaborado antes de haber recibido el anteproyecto, lo cual no permitió el desarrollo de propuestas concretas.



Como focos rojos se expresó que el anteproyecto de reglamento sigue siendo muy general y no salvaguarda los derechos de las personas migrantes y que no se han incluido todos los puntos que las organizaciones hicieron llegar en tiempo y forma.



Además que no se han incluido diversos puntos –en perjuicio de la población– incluyendo aquellos relacionados con el acceso a la justicia, el derecho al debido proceso y la protección de la infancia, entre otros. También manifestaron que se sigue favoreciendo la violación a los derechos humanos de las personas migrantes, así como de sus defensores y defensoras. Ejemplo de ello es lo acontecido recientemente en Tenosique y que el reglamento establece un sistema migratorio no accesible para personas migrantes en mayores condiciones de vulnerabilidad y que hace que prevalezcan las condiciones actuales en las que se da la migración. Tras señalar que se incumple el espíritu de la ley y las propias declaraciones del titular del Ejecutivo de que se protegería a dicha población dijeron que su excesiva generalidad favorece la discrecionalidad de las autoridades migratorias al no prever protocolos y no establecer procedimientos claros para diversos temas como la segunda revisión, el tratamiento a los polizones, entre otros. Con ello, tampoco se aporta al fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración. Reiteraron que la participación ciudadana en la construcción de la política migratoria es muy limitada y no abre la posibilidad para el establecimiento de mecanismos amplios, plurales y transparentes y que con ello, se incumple la propia Ley de Migración. Finalmente consideraron que el anteproyecto no cumple con las características necesarias para darle aplicabilidad a la ley y certeza a las personas migrantes.



El texto, afirmaron, debe discutirse y modificarse antes de enviarlo a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para que efectivamente sea una norma útil. Y exigen que se abra una mesa de trabajo para la discusión del articulado con las características antes señaladas y se comprometan a la entrega oficial de la última versión existente del anteproyecto.”



Suscriben mesa de trabajo de política migratoria:



Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC; PRODH Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Coalición pro Defensa del Migrante de Baja California; DPMH Dimensión Pastoral para la Movilidad Humana;Fundar Centro de Análisis e Investigación, AC; I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Inedim Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Insyde Instituto para la Seguridad y la Democracia; NALACC Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas; Redim Red por los Derechos de la Infancia en México; Sin Fronteras , IAP; Manuel Ángel Castillo García, Grupo Guatemala – México; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Gisele Lisa Bonnici, Consultora; José Antonio Guevara, Consultor; Karina Arias, Consultora. Movimiento Migrante Mesoamericano M3.



El anteproyecto de reglamento de la Ley de Migración, elaborado en la Secretaría de Gobernación, no incluye mecanismos para facilitar el tránsito de quienes pretenden llegar a Estados Unidos, pero en cambio sí prevé diversos requisitos para obtener una visa de temporal de transito, mismos que el grueso de los migrantes no podría cumplir. Al igual que en España la visa de visitante con permiso de realizar actividades lucrativas , el migrante debe tener una oferta de empleo o comprobar actividades personales, previa la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes; además, documentos que acrediten las disposiciones legales aplicables, la capacidad profesional o técnica para realizar la actividad profesional, ocupación u oficio a que se refiere la oferta de empleo, así como la constancia de inscripción del empleador, emitida por el Instituto Nacional de Migración (INM).



Este tema es de la mayor importancia, y considero que el Poder Legislativo, debe llamar de manera urgente la atención a la Secretaría de Gobernación sobre las formas para tratar el tema más prioritario para el Congreso de la Unión, y para recuperar de manera inmediata los canales de diálogo y acuerdos con las organizaciones sociales y los legisladores que trabajaron la Ley de Migración y las iniciativas derivadas de la misma.



Por lo anteriormente expuesto, y antes que se envíe el Reglamento de Migración a la Cofemer, consideró prioritario establecer una mesa de trabajo técnico entre el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y organizaciones sociales para tratar directamente redacciones y acuerdos alcanzados para evitar la discrecionalidad de las autoridades migratorias en la atención de los transmigrantes, en respeto de los acuerdos alcanzados el 21 de julio de 2011 con el finado licenciado Blake Mora, secretario de Gobernación.



Por lo anteriormente expresado, presento ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes



Puntos de Acuerdo



Con carácter de urgente y obvia resolución



Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración respetar los acuerdos establecidos el 21 de julio de 2011 para establecer una mesa de revisión y seguimiento de la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración con el Poder Legislativo.



Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a mejorar los mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de los migrantes, a fin de privilegiar el dialogo y el consenso en las disposiciones reglamentarias de la Ley.



Salón de sesiones de la Comisión Permanente, Palacio Legislativo de San Lázaro, a dieciocho de enero de 2012.



Senador Julio César Aguirre Méndez (rúbrica)