Hay dos sobrevivientes más, dice ecuatoriano
El joven que logró escapar de la masacre de Tamaulipas asegura que otras dos mujeres, más el hondureño que ya fue ubicado, salvaron la vida; con esto se confirmaría la cifra que se ha manejado de que eran 76 los migrantes
Video: Narra sobreviviente matanza de migrantes en Tamaulipas
Eran 76 y no 72 las personas que viajaban con él en el grupo, revela migrante ecuatoriano; relata que debió caminar por horas para que lo ayudaran, porque la gente del lugar no lo auxiliaba
Testigo confronta a Ecuador y Honduras 2010-09-02Ciudad de México | Viernes 03 de septiembre de 2010
EL Comercio/GDA | El Universal
13:59
Una mujer embarazada y su hija sobrevivieron a la masacre de 72 emigrantes latinoamericanos la semana pasada en México, según un ecuatoriano que salvó su vida junto a un hondureño, cuyo testimonio fue entregado este viernes por el gobierno de Ecuador, reportó El Comercio de Ecuador.
“Eran 76 y había una mujer embarazada como de nueve meses y con una niña, pero a ella no la mataron, no sé a dónde se la llevaron, no la vi ahí”, afirmó el sobrevivente de la masacre en la declaración, de la que el jueves fueron difundidos algunos extractos.
El ecuatoriano no precisó la nacionalidad de las dos sobrevivientes. “Cuatro personas quedamos salvadas y de ahí, el resto, todos murieron”, dijo a la prensa oficial durante su repatriación el domingo último.
Lala Pomavilla señaló igualmente que en el hecho ocurrido en Tamaulipas (a 180 km de la frontera con Estados unidos) fueron ejecutados cinco ecuatorianos, una información que ya había sido entregada por la embajada de Ecuador en México, con base en su primer testimonio.
“Conmigo eran seis ecuatorianos y mataron a cinco”, dijo el sobreviviente, quien atribuyó la masacre a la banda narcotraficante de Los Zetas, que secuestro a los migrantes la noche del 21 de agosto cuando avanzaban hacia la frontera.
“Ellos estaban bien armados, no tenían pasamontañas, estaban vestidos normal. No nos pidieron nada, sólo dijeron '¿quieres trabajar con nosotros?' y nadie quiso trabajar con ellos, no nos dijeron nada más”, relató.
El sobreviviente, que es mantenido en un lugar secreto bajo resguardo policial, dijo igualmente que el hondureño que escapó a la matanza lo hizo escondiéndose entre los matorrales del rancho donde se cometió el crimen.
“Había un amigo que no estaba muerto, estaba sano, que se escondió. Salí con el amigo (...) vi una lámpara que estaba muy lejos (...) corrí como diez kilómetros y el amigo se separó de mí pensando que yo me voy a morir y no iba a avanzar, me fue botando”, narró el hombre, quien sufrió una herida de bala en el cuello.
ml
12 comentarios:
Consignan a chofer de tráiler de inmigrantes que atropelló a joven
*No logró juntar el dinero de la fianza fijada
México, 3 Sep. (Notimex).- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ejercitó acción penal en contra del chofer del tráiler que transportaba a los 56 migrantes asesinados en Tamaulipas, el cual atropelló a una joven en inmediaciones del Servicio Médico Forense.
Autoridades de la PGJDF informaron a Notimex que el inculpado, Erick Gregorio Garrido Paz, fue consignado al juez penal en turno del Reclusorio Preventivo Norte, acusado de los delitos de lesiones por tránsito vehicular y daño a la propiedad ajena.
Los ilícitos que se imputan son considerados por el Código Penal del DF como no graves, lo que le otorgaba al conductor el derecho de salir en libertad bajo caución.
Sin embargo, Garrido Paz no consiguió juntar los cerca de 85 mil pesos a pagar como garantía antes de que se venciera el plazo constitucional para que se resolviera su situación jurídica, por lo que el Ministerio Público de la Coordinación Territorial Cuauhtemoc Ocho resolvió remitirlo al juzgado.
Será el lunes cuando el chofer rendirá su declaración preparatoria; en caso de que se le dicte la formal prisión por los delitos mencionados, el inculpado podrá solicitar que se le conceda el beneficio de enfrentar el proceso en libertad, pero tendrá que cubrir el pago que fije el juez.
Cabe señalar que el percance ocurrió el miércoles en el cruce de Doctor Navarro y la avenida Niños Héroes, en la colonia Doctores, de la delegación Cuauhtémoc.
El chofer se dirigía a una embalsamadora con los 56 cuerpos de los migrantes asesinados en el norte del país. Al llegar al mencionado cruce, policías capitalinos le ordenaron que diera vuelta a la izquierda.
Garrido Paz no logró completar la maniobra y terminó golpeando cuatro automóviles, uno de los cuales alcanzó a la joven Elvia Rodríguez Popoca, de 20 años de edad; a causa de las lesiones sufridas, la víctima fue intervenida quirúrgicamente para amputarle una pierna.
Proponen reforzar acciones para evitar abusos contra migrantes
Reynosa, 3 Sep. (Notimex).- La senadora Lázara Nelly González Aguilar se pronunció a favor de una mayor coordinación de los tres órdenes de gobierno en materia migratoria, a fin de evitar que continúen los abusos contra los migrantes, tanto nacionales como extranjeros.
La legisladora exhortó, a través de un punto de acuerdo presentado en la Cámara de Senadores, a trabajar de manera coordinada a los tres niveles de gobierno, a fin de conocer, analizar, discutir, conformar criterios y concretar un acuerdo nacional que sirva para implementar una legislación migratoria eficaz.
Además de permitir la regulación de los flujos migratorios, así como evitar el secuestro, la extorsión y la muerte de los migrantes nacionales e internacionales en el cruce por nuestro país.
Enfatizó que el esfuerzo debe ser entre el Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, así como con las organizaciones de la sociedad civil, para reforzar las acciones y de esta manera avanzar en el control migratorio e inhibir las acciones del crimen organizado.
Explicó que este punto de acuerdo también tiene la finalidad de exigir a la Procuraduría General de la República (PGR) buscar los conductos legales que lleven al pleno esclarecimiento de las causas de estos decesos.
Asimismo, dijo, que se finquen las responsabilidades penales que correspondan, para evitar que grupos delictivos continué delinquiendo y cometiendo delitos contra la sociedad civil y en el caso particular, contra la población migrante.
González Aguilar manifestó que de acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), durante el presente año se han repatriado a más de 43 mil 500 indocumentados por esta entidad.
Agregó que durante el año pasado, en Tamaulipas fueron desmanteladas 16 casas de seguridad, acción que permitió el rescate de unos 812 extranjeros indocumentados de manos de grupos delictivos.
La senadora manifestó su condena por el asesinato de 72 migrantes de origen centro americano, ocurrido en el municipio de San Fernando, situación que 'llena de indignación a la comunidad internacional'.
'Con este lamentable acontecimiento, nuevamente comprobamos que el crimen organizado es una amenaza permanente, por lo que debemos cerrar filas para enfrentarlo y evitar que se repitan acciones como esta, en donde perdieron la vida seres humanos totalmente vulnerables por su calidad de migrantes', dijo.
Cuerpos de inmigrantes podrán permanecer hasta un año en Semefo-DF
México, 3 Sep. (Notimex).- Los cuerpos de los 56 migrantes centroamericanos y sudamericanos asesinados en el estado de Tamaulipas, podrán permanecer como máximo un año en las instalaciones del servicio Médico Forense (Semefo) del Distrito Federal, antes de ser enviados a una fosa común.
Autoridades del Tribunal superior de Justicia del DF, que administra al Semefo, informaron que todos los cadáveres han sido ubicados ya en el área de anfiteatro, el cual tiene una capacidad máxima para 200 restos mortales.
En total, los cuerpos depositados corresponden a 43 hombres y 13 mujeres, todos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), cuyos especialistas realizarán una serie de pruebas en materia de antropoligía forense y genética.
Los cadáveres podrán permanecer un máximo de 12 meses en el área de anfiteatros, y a la espera de ser plenamente identificados y reclamados legalmente por las representaciones diplomáticas de sus respectivos países.
En caso de que lo anterior no ocurra, se determinaría su traslado a una fosa común, como lo indica el reglamento del Semefo.
Cabe señalar que desde el pasado miércoles la policía capitalina mantiene un discreto operativo de vigilancia en torno a las instalaciones del Servicio Médico Forense, ubicado en la colonia Doctores.
Esperan dos mil visitantes en SLRC durante asueto de 'Labor Day'
San Luis Río Colorado, Son., 3 Sep. (Notimex).- Empresarios turísticos de la costa sonorense del Alto Golfo de California esperan este fin de semana a más de dos mil visitantes de México y Estados Unidos, debido al asueto del 'Labor Day'.
La directora de Turismo del Ayuntamiento local, Paulina Capiz Carrasco, indicó que para recibir a los turistas se realizará una fiesta denominada 'San Luis en la playa 2010'.
Expresó que el 'Día del Trabajo' Labor Day en inglés se celebrará el próximo lunes en el vecino país, pero el arribo de visitantes inicia desde este viernes, pues así ellos aprovechan el fin de semana.
Precisó que la mayoría de los paseantes son paisanos que residen en los vecinos estados de Arizona y California, en la Unión Americana y residentes de esta región fronteriza de Sonora y Baja California.
También acuden anglosajones a ese balneario localizado unos 115 kilómetros al sur de esta frontera, pero son la menor parte del contingente de viajeros, dijo.
Capiz Carrasco expresó que se dispuso un dispositivo de seguridad entre las corporaciones policiales y de Protección Civil, que garantice la integridad de los turistas nacionales y extranjeros.
La funcionaria municipal mencionó que se exhortó a los empresarios turísticos y prestadores de servicios que ofrezcan descuentos a los visitantes, para promover más el sector.
Decide tribunal que dejar agua a inmigrantes no ensucia el desierto
San Diego, 3 Sep (Notimex).- Una corte federal de apelaciones determinó hoy que dejar botellas con agua en el desierto de Arizona donde las puedan encontrar indocumentados para salvar sus vidas, no es ensuciar, como había determinado un juez federal.
Un panel de magistrados de la Novena Corte de Apelaciones falló a favor del activista Dan Millis, quien el año pasado fue arrestado, enjuiciado y encontrado culpable de ensuciar el desierto de Arizona al dejar botellas con agua para salvar vidas de indocumentados.
Millis, de la organización "No más muertes", dijo que decidió llevar agua a corredores donde la pudieran encontrar los inmigrantes luego de encontrar los restos de Joselinne Hernández, una niña de 14 años, originaria de El Salvador.
Acusado por rancheros residentes y miembros de organizaciones antiinmigrantes, Millis fue multado por ensuciar el Refugio Nacional Silvestre Buenos Aires en Arizona.
Curiosamente, Millis es activista de la organización ambientalista Sierra Club en Arizona y en un recorrido con ese grupo fue que encontró los restos de la niña centroamericana.
Pero el activista decidió discutir la multa en una corte en la que se arriesgó a que un juez le impusiera otra multa de cinco mil dólares y lo enviara a la cárcel por seis meses.
El juez federal Bernardo Velasco determinó en Arizona que Millis ensució el desierto, pero consideró que tenía sentencia suspendida.
Millis y su abogado decidieron apelar la versión de que poner agua en los corredores del desierto sea ensuciar Arizona.
El magistrado Sidney Thomas, de la corte de apelaciones, explicó por escrito que los términos "ensuciar" y "basura" con que se juzgó a Millis en Arizona no son aplicables en este caso, porque la intención no fue la de ensuciar, sino salvar vidas humanas.
El juez Thomas escribió que el agua purificada embotellada "con la intención de consumo humano" para salvar vidas, no puede definirse como "basura".
Enviará Guardia Nacional de Texas 286 soldados a frontera
Dallas, 3 Sep (Notimex).- La Guardia Nacional de Texas enviará a finales de este mes unos 286 soldados a colaborar con la Patrulla Fronteriza en la vigilancia de la frontera con México, informó la corporación.
Los soldados ya reciben entrenamiento en el Campo Militar Swift en el condado de Bastrop al este de Austin, dijo el jefe interino de la Patrulla Fronteriza en el sector del Valle del Río Grande, en el sur de Texas, Ricardo Aguirre.
El despliegue por parte de Texas complementará el compromiso de enviar mil 200 soldados solicitados por el presidente Barack Obama en mayo pasado para incrementar la vigilancia de la frontera suroeste.
El despliegue se inició el pasado 18 de agosto en California, cuando el gobernador de esa entidad, Arnold Schwarzenegger, presidió el envío de los 224 miembros de la Guardia Nacional de ese estado que participarán en la misión.
El pasado lunes, la Guardia Nacional de Arizona envió los primeros 33 soldados de los 524 militares que serán desplegados a lo largo de la frontera de Arizona y el miércoles la Guardia Nacional de Nuevo México informó haber enviado a 82 soldados a la zona.
Los militares estarán armados, pero sólo serán autorizados a disparar en defensa propia. Los soldados no podrán hacer detenciones, pero alertarán a las corporaciones civiles de actividades sospechosas a lo largo de la frontera.
La nueva misión de la Guardia Nacional en la frontera con México se asemeja a la Operación Jump Start, ordenada en mayo de 2006 por el entonces presidente George W. Bush.
La operación, que a lo largo de dos años colocó a seis mil soldados de la Guardia Nacional en apoyo a la vigilancia de la Patrulla Fronteriza, fue considerada un éxito cuando concluyó en junio de 2008.
El despliegue militar tenía entonces el propósito de reforzar la seguridad ante una ola de inmigración indocumentada y un creciente tráfico de drogas, a fin de dar tiempo para poder reclutar y entrenar a unos seis mil nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza.
La Guardia Nacional sirvió como los 'ojos y oídos' de la Patrulla Fronteriza en el combate a la inmigración ilegal, a lo largo de esos dos años.
Sin embargo, ahora el objetivo de enviar tropas a la frontera cambió, ante la prioridad de que los soldados colaboren en el combate a las pandillas y a organizaciones de traficantes de drogas.
Piden crear en Senado una Comisión de Asuntos Migratorios
México, 3 Sep. (Notimex).- La bancada del PRI en el Senado propuso crear la Comisión de Asuntos Migratorios, a fin de generar políticas públicas que frenen acciones como la masacre de 72 migrantes ocurrida en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.
Al presentar la propuesta, el senador priista Heladio Ramírez López indicó que "es hora de replantear que la emigración y la inmigración no sólo son asuntos diplomáticos sino un tema esencialmente de política interna".
"Resentimos el golpe de la masacre de Tamaulipas, pero también el de la Ley SB1070 de Arizona, cuya orientación represiva, persecutoria y racista ha sido acogida en otros estados de la Unión Americana, lo que es un duro golpe contra millones de compatriotas", subrayó.
Advirtió que "el tema es grave y profundamente perturbador de valores y principios que enfrentan la realidad de la xenofobia, de nacionalismos exacerbados e intereses de sectores que se sienten amenazados o desplazados por las olas migratorias".
Por ello, sostuvo el legislador, el Senado requiere una comisión especial que se dedique a analizar y consultar a ciudadanos y especialistas sobre una nueva Ley Migratoria y que esté atenta a los derechos humanos de los migrantes que provienen del sur.
Ramírez López explicó que dicha comisión daría seguimiento a las acciones gubernamentales para proteger los derechos de los indocumentados y a los debates y deliberaciones que en este tema se susciten en el Congreso Norteamericano.
La iniciativa del ex gobernador de Oaxaca fue turnada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para su análisis, y se solicitó un dictamen al respecto a la Comisión de Reglamento y Practicas Parlamentarias.
WASHINGTON/PHOENIX, sep 2 (Reuters) - El Departamento de Justicia estadounidense demandó el jueves a un sheriff de Arizona por negarse a cooperar con su investigación sobre las acusaciones que indican que él discrimina a los hispanos en su programa de medidas contra la inmigración ilegal.
El sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, ha realizado redadas regulares para intentar controlar a los inmigrantes ilegales y contrabandistas en el estado, que lidia con la mayoría de las personas que intentan escabullirse dentro de Estados Unidos desde México.
Las medidas de Arpaio contra los inmigrantes ilegales sacaron a relucir el tema a nivel nacional. El Gobierno del presidente Barack Obama se encuentra en medio de una disputa legal con Arizona sobre una estricta nueva ley contra la inmigración ilegal, aprobada por el estado en abril.
El Departamento de Justicia negoció con Arpaio para obtener documentos relacionados al programa de medidas, además de acceso a las cárceles del condado, pero las conversaciones fueron interrumpidas y la agencia presentó una demanda para obligarlo a cooperar con la investigación.
"Es lamentable que el departamento fuera forzado a recurrir a un litigio para tener acceso a documentos e instalaciones públicas", dijo en un comunicado Thomas Perez, asistente del fiscal general para la división de derechos civiles del Departamento de Justicia.
Activistas hispanos y de derechos civiles y autoridades cívicas criticaron las redadas de Arpaio como un equivalente de la discriminación étnica, acusación que el oficial niega.
El sheriff dijo en un comunicado que durante una reunión la semana pasada con funcionarios del Departamento de Justicia sus abogados se conprometieron a cooperar, y ofrecieron acceso a su personal y sus instalaciones carcelarias.
"Ellos sonrieron en nuestro rostro y después nos apuñalaron por la espalda con esta demanda (...) El Gobierno del presidente Obama tenía previsto demandar desde mucho tiempo antes, sin importar lo que hicieramos para tratar de impedirlo", dijo Arpaio.
En julio, una jueza federal de Arizona impidió que el estado pusiera en práctica la estricta nueva ley inmigratoria, que habría exigido a la policía determinar el estatus inmigratorio de una persona detenida o arrestada, si el oficial creía que el individuo no estaba en el país de forma legal.
La división de derechos civiles del Departamento comenzó su investigación hace más de dos años tras acusaciones de que la oficina del sheriff estaba involucrada en conductas discriminatorias.
En marzo pasado, el Departamento de Justicia solicitó una serie de documentos y avisó a la oficina del sheriff que la investigación también incluiría la revisión de instalaciones, así como entrevistas con funcionarios de alto rango, oficiales de línea y reclusos.
El Departamento de Justicia dijo que debido a que la oficina del sheriff ha recibido millones de dólares en financiamiento federal, Arpaio y sus hombres están obligados a cooperar con la investigación federal.
"La negativa a cooperar con solicitudes razonables de información relativas al uso de fondos federales es una violación de (sus) obligaciones reglamentarias, regulatorias y contractuales", dijo el Departamento de Justicia en su demanda.
WASHINGTON/PHOENIX, sep 2 (Reuters) - El Departamento de Justicia estadounidense demandó el jueves a un sheriff de Arizona por negarse a cooperar con su investigación sobre las acusaciones que indican que él discrimina a los hispanos en su programa de medidas contra la inmigración ilegal.
El sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, ha realizado redadas regulares para intentar controlar a los inmigrantes ilegales y contrabandistas en el estado, que lidia con la mayoría de las personas que intentan escabullirse dentro de Estados Unidos desde México.
Las medidas de Arpaio contra los inmigrantes ilegales sacaron a relucir el tema a nivel nacional. El Gobierno del presidente Barack Obama se encuentra en medio de una disputa legal con Arizona sobre una estricta nueva ley contra la inmigración ilegal, aprobada por el estado en abril.
El Departamento de Justicia negoció con Arpaio para obtener documentos relacionados al programa de medidas, además de acceso a las cárceles del condado, pero las conversaciones fueron interrumpidas y la agencia presentó una demanda para obligarlo a cooperar con la investigación.
"Es lamentable que el departamento fuera forzado a recurrir a un litigio para tener acceso a documentos e instalaciones públicas", dijo en un comunicado Thomas Perez, asistente del fiscal general para la división de derechos civiles del Departamento de Justicia.
Activistas hispanos y de derechos civiles y autoridades cívicas criticaron las redadas de Arpaio como un equivalente de la discriminación étnica, acusación que el oficial niega.
El sheriff dijo en un comunicado que durante una reunión la semana pasada con funcionarios del Departamento de Justicia sus abogados se conprometieron a cooperar, y ofrecieron acceso a su personal y sus instalaciones carcelarias.
"Ellos sonrieron en nuestro rostro y después nos apuñalaron por la espalda con esta demanda (...) El Gobierno del presidente Obama tenía previsto demandar desde mucho tiempo antes, sin importar lo que hicieramos para tratar de impedirlo", dijo Arpaio.
En julio, una jueza federal de Arizona impidió que el estado pusiera en práctica la estricta nueva ley inmigratoria, que habría exigido a la policía determinar el estatus inmigratorio de una persona detenida o arrestada, si el oficial creía que el individuo no estaba en el país de forma legal.
La división de derechos civiles del Departamento comenzó su investigación hace más de dos años tras acusaciones de que la oficina del sheriff estaba involucrada en conductas discriminatorias.
En marzo pasado, el Departamento de Justicia solicitó una serie de documentos y avisó a la oficina del sheriff que la investigación también incluiría la revisión de instalaciones, así como entrevistas con funcionarios de alto rango, oficiales de línea y reclusos.
El Departamento de Justicia dijo que debido a que la oficina del sheriff ha recibido millones de dólares en financiamiento federal, Arpaio y sus hombres están obligados a cooperar con la investigación federal.
"La negativa a cooperar con solicitudes razonables de información relativas al uso de fondos federales es una violación de (sus) obligaciones reglamentarias, regulatorias y contractuales", dijo el Departamento de Justicia en su demanda.
WASHINGTON/PHOENIX, sep 2 (Reuters) - El Departamento de Justicia estadounidense demandó el jueves a un sheriff de Arizona por negarse a cooperar con su investigación sobre las acusaciones que indican que él discrimina a los hispanos en su programa de medidas contra la inmigración ilegal.
El sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, ha realizado redadas regulares para intentar controlar a los inmigrantes ilegales y contrabandistas en el estado, que lidia con la mayoría de las personas que intentan escabullirse dentro de Estados Unidos desde México.
Las medidas de Arpaio contra los inmigrantes ilegales sacaron a relucir el tema a nivel nacional. El Gobierno del presidente Barack Obama se encuentra en medio de una disputa legal con Arizona sobre una estricta nueva ley contra la inmigración ilegal, aprobada por el estado en abril.
El Departamento de Justicia negoció con Arpaio para obtener documentos relacionados al programa de medidas, además de acceso a las cárceles del condado, pero las conversaciones fueron interrumpidas y la agencia presentó una demanda para obligarlo a cooperar con la investigación.
"Es lamentable que el departamento fuera forzado a recurrir a un litigio para tener acceso a documentos e instalaciones públicas", dijo en un comunicado Thomas Perez, asistente del fiscal general para la división de derechos civiles del Departamento de Justicia.
Activistas hispanos y de derechos civiles y autoridades cívicas criticaron las redadas de Arpaio como un equivalente de la discriminación étnica, acusación que el oficial niega.
El sheriff dijo en un comunicado que durante una reunión la semana pasada con funcionarios del Departamento de Justicia sus abogados se conprometieron a cooperar, y ofrecieron acceso a su personal y sus instalaciones carcelarias.
"Ellos sonrieron en nuestro rostro y después nos apuñalaron por la espalda con esta demanda (...) El Gobierno del presidente Obama tenía previsto demandar desde mucho tiempo antes, sin importar lo que hicieramos para tratar de impedirlo", dijo Arpaio.
En julio, una jueza federal de Arizona impidió que el estado pusiera en práctica la estricta nueva ley inmigratoria, que habría exigido a la policía determinar el estatus inmigratorio de una persona detenida o arrestada, si el oficial creía que el individuo no estaba en el país de forma legal.
La división de derechos civiles del Departamento comenzó su investigación hace más de dos años tras acusaciones de que la oficina del sheriff estaba involucrada en conductas discriminatorias.
En marzo pasado, el Departamento de Justicia solicitó una serie de documentos y avisó a la oficina del sheriff que la investigación también incluiría la revisión de instalaciones, así como entrevistas con funcionarios de alto rango, oficiales de línea y reclusos.
El Departamento de Justicia dijo que debido a que la oficina del sheriff ha recibido millones de dólares en financiamiento federal, Arpaio y sus hombres están obligados a cooperar con la investigación federal.
"La negativa a cooperar con solicitudes razonables de información relativas al uso de fondos federales es una violación de (sus) obligaciones reglamentarias, regulatorias y contractuales", dijo el Departamento de Justicia en su demanda.
Califican de 'irónica' negativa de Arpaio de presentar documentos
Washington, 2 Sep (Notimex).- Activistas calificaron hoy como 'irónica' la negativa del alguacil Joe Arpaio, del condado de Maricopa, Arizona, a presentar documentos al gobierno de Estados Unidos sobre sus operaciones contra inmigrantes indocumentados.
'Es irónico que el propio alguacil que regularmente exige que otros presenten papeles, se haya negado a entregar sus propios papeles', dijo el director del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves una demanda contra Arpaio por rehusarse a cooperar en la investigación sobre actos de discriminación por origen nacional, en violación de la Sección VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
Noorani dijo que Arpaio ha sido acusado de centrar sus redadas en comunidades latinas, usar líneas telefónicas para denunciar a hispanos sospechosos de estar ilegalmente en el país y realizar arrestos frívolos bajo el pretexto de violaciones menores de tráfico.
'Claramente, al alguacil Arpaio se le debe recordar que nadie está por encima de la ley, y aplaudimos al Departamento de Justicia por enviar ese mensaje', apuntó.
La vicepresidenta para Políticas de Inmigración del Centro para el Progreso Americano (CAP), Angela Kelley, señaló que Arpaio ha rechazado cumplir con la ley y divulgar documentos sobre las operaciones que realiza violando los derechos civiles de varias personas.
'Una placa no se puede usar como escudo para un alguacil caprichoso que actúa como si las leyes se aplicaran a todos, menos a él', agregó.
Indicó que las acciones del alguacil que buscaba atraer a la prensa, se llevaron a cabo sin supervisión mientras 'aterrorizaba por igual a residentes extranjeros y a los nacidos en Estados Unidos'.
'El gobierno federal no debe permitir que Arpaio y otros como él actúen descontroladamente y manchen (la reputación) de la vasta mayoría de policías dedicados y trabajadores del país', subrayó.
Tras dar a conocer la presentación de la demanda, el procurador general adjunto sobre Derechos Civiles, Thomas Perez, sostuvo que las acciones de Arpaio 'no tienen precedentes y es lamentable' que se haya recurrido a un caso legal para acceder a documentos e instalaciones públicas.
La Sección VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación en programas que reciben fondos federales y también exige que los que reciben los subsidios federales cooperen con investigaciones de discriminación.
Pérez explicó que la Oficina del Alguacil firmó acuerdos de garantía contractual como condición para recibir fondos federales y prometió cooperar con investigaciones de alegaciones de discriminación.
Indicó que la negativa de Arpaio de cooperar es un caso 'extremadamente atípico' porque ninguna otra entidad policial se ha negado a hacerlo en los pasados 30 años.
EEUU demanda a sheriff de Arizona en caso de inmigración
WASHINGTON, sep 2 (Reuters) - El Departamento de Justicia estadounidense demandó el jueves a un sheriff de Arizona por negarse a cooperar con su investigación sobre las acusaciones en su contra, que indican que discrimina a los hispanos en su programa de medidas contra la inmigración ilegal.
El sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, ha realizado redadas regulares para intentar controlar a los inmigrantes ilegales y contrabandistas en el estado, que lidia con la mayoría de las personas que intentan escabullirse dentro de Estados Unidos desde México.
Las medidas de Arpaio contra los inmigrantes ilegales sacó a relucir el tema a nivel nacional. El Gobierno del presidente Barack Obama se encuentra en medio de una disputa legal con Arizona sobre una estricta nueva ley contra la inmigración ilegal, aprobada por el estado en abril.
El Departamento de Justicia negoció con Arpaio para obtener documentos relacionados al programa de medidas, además de acceso a las cárceles del condado, pero las conversaciones fueron interrumpidas y la agencia presentó una demanda para obligarlo a cooperar con la investigación.
"Es lamentable que el departamento fuera forzado a recurrir a un litigio para tener acceso a documentos e instalaciones públicas", dijo en un comunicado Thomas Perez, asistente del fiscal general para la división de derechos civiles del Departamento de Justicia.
Un portavoz de Arpaio no tenía comentarios pero esperaba que el sheriff emitiera un comunicado durante el día.
Activistas hispanos y de derechos civiles y autoridades cívicas criticaron las redadas de Arpaio como un equivalente de la discriminación étnica, acusación que el oficial niega.
En julio, una jueza federal de Arizona impidió que el estado pusiera en práctica la estricta nueva ley inmigratoria, que habría exigido a la policía determinar el estatus inmigratorio de una persona detenida o arrestada, si el oficial creía que el individuo no estaba en el país de forma legal.
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