Escribimos para solidarizarnos con los esfuerzos de múltiples sectores defensores de los derechos civiles en los Estados Unidos y del movimiento de migrantes que han impugnado la ley anti-inmigrante HB 56 del estado de Alabama, logrando el lunes 29 de agosto un amparo inicial para frenar su entrada en vigor el lero de septiembre, en un triunfo histórico. La gran mayoría de las personas afectadas por esta ley son de origen mexicano y guatemalteco (la mayoría de estos últimos, de origen indígena maya), y son la fuerza laboral principal en la industria de los rastros y plantas procesadoras de pollos (de empresas cómo Tyson Foods y Pilgrim´s Pride) donde se les somete a condiciones super-explotativas y peligrosas sin la protección de sindicatos que defiendan sus derechos adecuadamente.

La HB 56 refleja el legado jurídico, político y social de los peores elementos de la segregación racial y racismo característico del estado de Alabama y de esta región del sur de los Estados Unidos, donde se ha concentrado el crecimiento de la población latina en los Estados Unidos durante la última década. Esta ley emula varios de los peores aspectos de la ley SB 1070 de Arizona al querer criminalizar a todas las personas “sospechosas” de ser indocumentadas y a las que se solidaricen, convivan, alberguen, transporten, o celebren contratos (por ejemplo de trabajo, arrendamiento, o venta de propiedades) con ellas. Pero también va más lejos al intentar interferir con el ejercicio del derecho constitucional de libre acceso a la educación pública para las niñas y niños indocumentado/as reconocido por la Corte Suprema de los Estados Unidos en su sentencia histórica en el caso Plyler vs. Doe de 1982. Esto implicaría un retroceso de 30 años en el nivel de protecciones constitucionales en el vecino país, profundizando una tendencia regresiva persistente desde el 11 de septiembre de 2001.


La lucha en Alabama contra esta ley, que está apenas en su primera fase, se inscribe en un proceso más amplio de lucha contra leyes semejantes en otros estados como Arizona, Georgia, Utah, Indiana, Carolina del Sur, Texas, Florida, etc. que culminará tarde o temprano ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, en lo que será una sentencia histórica configurando los límites constitucionales a la ola de leyes racistas y xenófobas adoptadas en todo el país en los últimos años. Esta sentencia a la vez será el punto de partida de la revisión necesaria del tema por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y por otras instancias regionales e internacionales. El estado mexicano carece de la autoridad moral necesaria para defender los intereses del pueblo mexicano en este contexto.


Nos solidarizamos también con la resistencia justa de las comunidades afectadas por esta ley, en el espíritu de las enseñanzas del movimiento de derechos civiles de Martin Luther King y del pueblo afro-estadounidense hace 50 años, que nos demostraron con su compromiso y sacrificio cómo los derechos nacen en la conciencia pero se hacen en la historia. Nos comprometemos a apoyar y generar la solidaridad necesaria desde México y Guatemala para frenar y resistir la Ley HB 56 dignamente a través de redes y Comités de Apoyo civiles y eclesiales, y de la inclusión del tema de la Ley de Alabama como caso emblemático dentro del marco del Tribunal Internacional de Conciencia y del proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en México.

Atentamente,

Msgr. Raúl Vera, padres Miguel Concha (Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria"), Alejandro Solalinde (Pastoral de la Movilidad Humana región Pacífico-Sur, Ixtepec, Oaxaca); Pedro Pantoja ("Belén, Posada del Migrante", Saltillo); y José Rosario Marroquín, Centro Pro DH; Miguel Álvarez Gándara y Dolores González Saravia, SERAPAZ; padre Martín Hernández Linares, SICSAL-Mexico; Ana Lorena Delgadillo (Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho); Manuel Fuentes, ANAD; Cristina Hardaga Fernández, Centro de Derechos Humanos de la Montaña- Tlachinollan, Guerrero; Víctor Hugo López Rodríguez, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Chiapas); Valeria Scorza, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC); Javier Avila, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos de Chihuahua (COSYDDHAC); José Jacques Medina (Caravana Paso a Paso por la Paz, Red Migrante, Movimiento Migrante Mesoamericano); Rosa Martha Zárate, ExBraceros 1942-64; Camilo Pérez Bustillo, José Antonio Foronda, Dorinda Moreno, Patricia Barba Avila (Tijuana), Fernando Valadez, Pilar Noriega, Mercedes Osuna, Ana Elena Barrios, Enlace A.C., Julio Moreira (Brasil), Edre Olalia (Filipinas), Ramon Bultron (Hong Kong), Leo Gabriel (Austria), Hans Egil Offerdal (Noruega), (Enrica Rigo (Italia), Willem van Genugten (Holanda), Noam Chomsky, Azadeh Shahshahani, Earl Shorris (Estados Unidos), Martín Espada (Puerto Rico) (Secretariado y Jurado Internacional de Honor del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, Comisión sobre ejes migratorios del TPP; Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A.C.); Enrique González Ruiz, Clemencia Correa, Rosa María Muñoz Izquierdo, Judith Arteaga, Posgrado para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, UACM, Dip. Ifigenia Martínez, Dip. Jeremy Corbyn, Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Maria Garcia, Carlos Arango Caza Aztlan Chicago, Ricardo Juárez Nava Mexicanos sin fronteras DC, Rocio Duque Queens NYC, Al Rojas, Frente de Mexicanos en el exterior, Páramo Hernández Unión Cívica Primero de mayo, Eduardo Matias cubalsero.org.mx, Luis Davila, Indiana University, Cintia Mc Kenney Green Party, Dennis Kucinnich D OH, Rev. Jesse Jackson,


informes: Camilo Pérez Bustillo, Posgrado para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Secretariado del Tribunal Internacional de Conciencia, 5488-6661, ext. 15262, 044 55 2944 7511